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Ante el margen de actuación que deja el Real Decreto aprobado este miércoles, que modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas, las administraciones cántabras han adecuado sus planes para los trabajadores públicos de cara a fijar tanto los casos en los que se ... debe seguir usando como la casuística en la que solo es recomendable. Tanto los ayuntamientos consultados por este periódico como el Gobierno regional retiran la obligatoriedad, en cumplimiento de dicho decreto, pero también fijan unos límites basados en las condiciones de seguridad: que haya una distancia mínima de 1,5 metros y ventilación, o bien la propia vulnerabilidad de la persona y su entorno sociosanitario.
Así se desprende del informe que la Dirección General de Función Pública presentará hoy, viernes, en una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud del Gobierno de Cantabria. Según la propuesta del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales, será obligatorio su uso siempre que sea considerada como EPI en su puesto de trabajo; en medios de transporte públicos; durante el uso compartido de vehículos en la jornada laboral; en los ascensores, así como para los trabajadores de centros y servicios sanitarios o sociosanitarios, o cuando haya síntomas compatibles con el covid.
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Ahora bien, según el documento que hoy se presenta a debate, su uso se considerará «recomendable» si no puede garantizarse la ventilación adecuada del espacio o no se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros; también en reuniones de trabajo respetando el aforo establecido; en vestuarios, aseos y comedores o en caso de exposición prolongada de personas como la atención al público o en el ámbito de la formación. También será recomendable ponérsela en las visitas a terceros en domicilios o empresas, o en espacios cerrados de uso público en los que transitan más personas. Los consistorios, por su parte, también han comunicado sus resoluciones y ayer mismo el de Santander hacía público el nuevo protocolo del Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud. Entre otras medidas, será obligatoria para los usuarios y trabajadores del Princesa Letizia en zonas comunes; para los conductores y usuarios de los autobuses municipales, o los usuarios de vehículos municipales compartidos, así como para personas con posibles síntomas. Se deberá usar en ascensores, en reuniones cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros recomendable, y entre los miembros y participantes en tribunales de oposiciones. También la tendrán que usar miembros de la Policía, Bomberos y servicios sociales cuando accedan a domicilios, empleados de la Agencia de Desarrollo Local en entrevistas, consultas y reconocimientos, y los profesores de Conservatorio que impartan clases a alumnos de instrumentos de viento.
En el consistorio de Torrelavega, la resolución remitida desde Riesgos Laborales el mismo miércoles establece el uso obligatorio del tapabocas en centros y servicios sanitarios, así como en medios de transporte, al tiempo que establece también la recomendación a todos los trabajadores vulnerables que la mantengan si se tiene contacto prolongado con otros trabajadores o con público general, a una distancia menor del 1,5 metros.
En Camargo, la resolución de la Alcaldía dice que será «exigible» su uso por parte de los empleados públicos hasta que «se reciba el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que establezca la necesidad o no de su uso», y considera «recomendable» el uso del tapabocas por parte del resto de los usuarios y visitantes de los centros municipales, una consideración que será «obligatoria» en aquellos supuestos en los que no se puede mantener la distancia de 1,5 metros.
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