Los ganaderos notifican casi 700 reses muertas por el lobo en menos de siete meses

La situación, resumida, es la siguiente. La nueva normativa dictada desde Madrid ya no permite las batidas que se establecían en el Plan de Gestión regional. Ahora mismo son cero. Cantabria y otras tres comunidades han llevado el asunto a los tribunales y esperan una respuesta. Pero, entre tanto, desde la comunidad se agarran a que en el reglamento que maneja el Ministerio –según entienden– sí que se permiten las «extracciones» en situaciones extraordinarias. Por eso enviaron ese primer expediente. «Queremos que nos digan, sobre su propia orden –que, de forma extraordinaria, posibilita hacer extracciones– cómo hacerlo. Marcan una serie de restricciones y no queremos hacerlo mal. Dentro de esa Ley y antes de que los tribunales decidan, queremos hacer extracciones de acuerdo al Lespre», explicaba ayer Blanco, responsable de Ganadería. Porque él mismo definía la respuesta enviada desde Madrid a su petición como «una patada a seguir al balón». «Han dicho que tenemos que renovar el Plan de Conservación de Estrategia del Lobo, pero nos puede llevar meses (apenas se ha iniciado). Tanto, como esperar que el tribunal nos conteste a nuestro requerimiento. Y no podemos esperar a eso».

Lo que no dio Guillermo Blanco fueron las cifras. Cuántos lobos piden exactamente matar en cada zona. Ni en el primer expediente enviado ni en los dos siguientes (remitidos ayer), «que cubren –dijo– una amplia zona de la geografía, donde más ataques está habiendo». A preguntas de este periódico nombró Campoo y el Saja-Besaya como áreas especialmente castigadas ahora mismo, pero insistió en no dar detalles «para que no salgan voces distorsionando el mensaje».

Todo, antes de sentarse a una mesa con 18 sillas. «Todo el sector». «Para el despoblamiento rural, el mayor problema que tenemos es el lobo, porque la gente se ve obligada a abandonar los pueblos. El Ministerio tendrá que valorar si realmente quiere lobos o ganaderos», aseguró Alberto Pérez Quintial, secretario general de UPA. «Es un momento crítico. El ganado tiene que ir al pasto, las lobas ya han parido, están criando, hay una necesidad de los lobos de alimentación y el sistema más fácil es comer ganado. Sobre todo, menor. Si no hay control de poblaciones, esto va a ser una explosión de daños», añadió en el mismo sentido Gaspar Anabitarte, de UGAM.

La reunión en la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se saldó con el envío de una carta abierta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La misiva va con 16 firmas, la del consejero y la de los representantes del sector ganadero. Aseguran que el Ministerio «ha roto años de consensos» y que Ribera tomó la decisión del lobo «con pleno conocimiento de la oposición de todas las organizaciones profesionales agrarias».

Hablan de «condena definitiva» para el sector. «Le instamos –apuntan– a que colabore con el Gobierno de Cantabria en el desarrollo de la Orden que su Ministerio ha aprobado, sin dilaciones y sin añadir aún más inseguridad jurídica a la que ya han generado». Además, advierten de que los daños, «que se han recrudecido», «exigen intervenciones de inmediato». «No se confunda ni se deje confundir; la gestión del lobo no se arregla con más dinero. Los ganaderos reclamamos lo que es justo», expresan antes de invitar a la ministra a «visitar nuestra región a la mayor brevedad y, en caso de que no le sea posible viajar a Cantabria, le solicitamos nos reciba en su despacho con la urgencia que el asunto requiere».