El 'caso Gesvicán' llega al Parlamento y el Gobierno pide «prudencia»

«Este gobierno no vive del teatro ni todo el día en el teatro. Hay unos jueces que están trabajando en estas cuestiones, dejémosles trabajar. Lo que compete al Ejecutivo es apoyar a la Administración de justicia para que se imparte esa justicia. Y es lo que estamos haciendo. Cada vez que nos piden papeles, nosotros los facilitamos; cada vez que nos piden cualquier cuestión, nosotros la facilitamos. Y en eso es en lo que vamos a estar», adelantó.

El consejero de Fomento quiso dejar claro, además, que «ni vamos a estar aquí diciendo a quién imputan en el caso de que haya algún imputado, ni vamos a estar todos los días intentando sacar cuestiones para tener un titular de periódico. Esa no es la política del Partido Popular ni de la presidenta de Buruaga y, por supuesto, a mí no me van a encontrar en esa política».

Tras este aviso a navegantes, el responsable de la cartera de Fomento (en la pasada legislatura Obras Públicas) insistió en la misma idea y pidió «prudencia» por la tarde, en el seno del Parlamento. Fue allí donde la portavoz de Vox, Leticia Díaz, le preguntó por qué no informó sobre la nueva investigación en Gesvicán cuando compareció el pasado 22 de febrero para hablar de la auditoría del 'caso Obras Públicas', rueda de prensa en la que hizo referencia a un «quebranto patrimonial significativo».

La respuesta de Media fue que aquella rueda de prensa estaba convocada para hablar de que se estaban retomando los contratos paralizados por la jueza con motivo del 'caso Obras Públicas'. Y sobre el quebranto económico insistió en que «el procedimiento estaba bastante bien hecho, pero el problema es que el dinero no iba donde debía ir». A lo que Díaz le replicó que «si se inflan las cantidades de los contratos para repartir mordidas, tan impecables no están los procedimientos». «Si ha habido un quebranto muy significativo algo ha ido mal», añadió la portavoz del Vox, que criticó que el PP pida prudencia a la hora de abordar estos dos casos, «pero no aplique ese mismo razonamiento en el 'caso Koldo'».

Díaz reclamó al Gobierno del PP que sea más «proactivo» en estos casos, que haga su propia investigación. «¿No les parece importante que haya indicios de delito contra dos empleados de Gesvicán? ¿No les parece importante que hubiese unas tarifas a pagar a dichos empleados por la valoración de ciertas ofertas?», cuestionó, para después arremeter también contra el PRC por no atender dos denuncias anónimas en 2010 y 2011 relativas a unas supuestas irregularidades en obras de aglomerados. «Revilla se presentó aquí como el adalid de la lucha contra la corrupción y lo primero que hizo fue cargarse la oficina de control del gasto, porque ahí se podían detectar cosas». «Para vergüenza de todos, han estado uno y otros engañando a los ciudadanos», lamentó.

El consejero de Fomento contestó a todas estas cuestiones asegurando que el Gobierno de Cantabria «no está exclusivamente para facilitar los expedientes de todos los casos que se están investigando en los juzgados, que también. Estamos para defender los intereses de los cántabros y evitar que esto no se vuelva a repetir. Y los defendemos manteniéndonos en esta causa –la del 'caso Obras Públicas– en el Juzgado y personándonos en la nueva investigación de Gesvicán como perjudicados».

Tras esta réplica, la portavoz de Vox cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno del PP y el anterior del PRC respecto a los implicados en los dos casos abiertos y reprochó que no se hayan abierto expedientes administrativos en todos los casos, no solo en el del jefe de Carreteras, que fue suspendido de sus funciones, una decisión que ha ratificado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Ante esta cuestión, Media recordó que se ha apartado de forma preventiva de los expedientes de contratación a aquellos empleados públicos investigados. «Hasta que los jueces no resuelvan, cualquiera que pueda tener la más mínima sombra de duda en este expediente, no está participando en los expedientes de contratación de obra pública», apuntó el consejero, que detalló que estos empleados públicos han sido apartados «de mutuo acuerdo con ellos» y respetando la «presunción de inocencia hasta el último minuto».

Vox también se interesó por el puesto que desempeña en la actualidad el exsubdirector general de Obras Públicas, Sebastián Martín, que fue cesado tras conocerse que tenía agendada una comida en el Can Roca con el funcionario y dos responsables de Rucecan. Según Media, en estos momentos Martín ocupa el puesto de ingeniero de proyectos y obras de la Dirección General de Obras Públicas, del que es titular desde el 17 de marzo de 2023 y al menos, «que él sepa», no figura entre los investigados por estas presuntas tramas. «¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Que le latiguemos por las mañanas para que usted se sienta a gusto?».

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