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En la Consejería de Economía daban por hecho que el Presupuesto de Cantabria se aprobaría esta misma semana en el Consejo de Gobierno. Así lo dijo el propio consejero, Luis Ángel Agüeros, en una entrevista con este periódico hace tres semanas. Y con ese ... calendario trabajaban hasta el mismo momento en el que la presidenta de Cantabria reveló en público, en el Foro Económico de El Diario Montañés celebrado el martes, su intención de posponerlo hasta que no se negociase el documento con los agentes sociales y políticos. Es decir, hasta que el PP logre en el Parlamento el apoyo de un partido que le permita sumar los votos necesarios para aprobarlo. Un anuncio que causó sorpresa no disimulada en los altos cargos de Economía que asistían al evento y que no conocían las intenciones de María José Sáenz de Buruaga.
Esta decisión responde a una cuestión práctica. En el momento en el que el Consejo de Gobierno da luz verde al documento, la ley no permite introducir cambios en los ingresos y gastos. Los grandes números no pueden modificarse y, como mucho, a posteriori solo se pueden bailar partidas dentro de cada una de las consejerías. Como el Ejecutivo del PP gobierna en minoría y está obligado a consensuar el documento, tendrá que introducir los acuerdos a los que llegue con otra formación política. «Y es más práctico hacer esto con el documento abierto que no a través de enmiendas», explican desde Peña Herbosa.
La reforma fiscal, una de las medidas estrella de Buruaga en este arranque de legislatura, tiene mucho que decir en este cambio de fechas. Aunque las recaudaciones reales de bajar el IRPF, bonificar el de Sucesión entre hermanos y eliminar el de Patrimonio no se empezarán a notar hasta 2025 como mínimo, los nuevos tipos sí se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las cuentas. Por lo que cualquier modificación sobre el original, obligada por las negociaciones con otros partidos, será más fácil hacerla sin que el documento ya esté aprobado en el Consejo de Gobierno. El problema es que con esta decisión, el Ejecutivo tiene imposible cumplir con el artículo 37 de la Ley de Finanzas, que conmina a registrar el documento en el Parlamento antes del 31 de octubre. Una obligación que no siempre se ha cumplido en pasadas legislaturas.
En cualquier caso, los plazos no pueden extenderse mucho si el Gobierno quiere tener aprobado el Presupuesto en el Parlamento antes de Año Nuevo. Por eso, ya ha activado las negociaciones que le permitan recabar los apoyos necesarios para hacerlo, no solo entre los partidos políticos, sino también entre los agentes sociales. La propia presidenta regional ha convocado y presidirá la Mesa de Diálogo Social, formada por patronal y sindicatos, para la próxima semana, el lunes, con el objetivo de exponerles las líneas generales del Presupuesto y recoger sus propuestas.
En el Parlamento las negociaciones van más lentas, pero ya se han dado los primeros pasos. Según han confirmado desde Vox, el Partido Popular ya se ha dirigido a ellos para pedirles unas líneas programáticas que quieran incorporar al documento. El problema es que en Vox hay dos tendencias, una de acercamiento al PP y otra de enfrentamiento. La primera cree que sería más o menos sencillo llegar a un acuerdo con el Gobierno si incorpora más ayudas para las familias, avances en la financiación de la educación concertada o una reforma fiscal más pronunciada. Sin embargo, la segunda, con la portavoz Leticia Díaz al frente, ve muy lejos cualquier acuerdo con el PP. «Vox negocia con luz y taquígrafos, lo que no vamos a hacer es negociar cuestiones a escondidas como hacen PP y PRC para que nada cambie. No es nuestro estilo ni nuestra forma de hacer política. O el Partido Popular es consciente de que está en minoría y se decide a liderar un proyecto de cambio, alejándose del anterior gobierno PRC-PSOE, o que no cuenten con nosotros», señaló ayer la diputada.
Está claro que a Leticia Díaz no le gustó el guiño de Buruaga al PRC en su intervención en el Foro Económico, cuando dijo que no veía con malos ojos las propuestas al Presupuesto que los regionalistas ya han hecho públicas. Fue su portavoz, Pedro Hernando, el que pidió recientemente al PP la inclusión de un de un fondo antinflación -ayudas directas dirigidas a las familias, colectivos profesionales y empresas- dotado con al menos 3 millones de euros, así como una mejora del plan de inversiones municipales para que la aportación de la región a las obras en zonas en riesgo de despoblamiento aumente del 80 al 95%. Los regionalistas también solicitan al Gobierno que «reoriente» su reforma fiscal para que beneficia más a las rentas medias y bajas y no tanto a las altas.
Como es previsible, el Ejecutivo de Buruaga no espera encontrar muchos apoyos en el PSOE, aunque desde Peña Herbosa insisten en que las negociaciones estarán abiertas a todos los grupos. Ayer mismo, el portavoz socialista, Pablo Zuloaga, confirmó esas dificultades para entenderse con el PP. «En Cantabria tenemos un Gobierno errático, que no va a llevar las cuentas al Parlamento mientras no tenga acuerdos con otros partidos. Quieren acuerdos por debajo del mantel, y no con luz y taquígrafos donde se deben debatir las cuentas públicas», denunció el dirigente socialista.
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