El Gobierno aprueba este jueves el proyecto de Ley del Suelo de Cantabria

A falta de que se conozcan los detalles y la literalidad de la norma, el Ejecutivo ya avanzó cuando el texto se llevó a la Comisión Regional de Urbanismo en el mes de marzo que el principal objetivo es flexibilizar las exigencias para levantar nuevas construcciones en los suelos rústicos del interior de Cantabria, algo que no gusta a todos los colectivos sociales. Mientras que la administración entiende que será una herramienta de utilidad para luchar contra la despoblación, los grupos contrarios al proyecto, que incluso han reclamado que se paralice su tramitación, creen que lo que realmente ocurrirá es que se abrirán las puertas a la especulación en estos espacios.

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Daniel Martínez

«Naturalmente, una ley de este tipo no puede contentar a todos», ha avanzado Revilla, que defiende que la nueva norma se ha elaborado con la consulta a cientos de colectivos. «Hay gente que no quiere aquí haya prácticamente nada, pero esto va a dar posibilidades de que la gente pueda vivir y mantenerse en los pueblos», ha lamentado el presidente.

Entre las novedades de la nueva ley aparecerá la posibilidad de construir viviendas unifamiliares en suelo no rústico de municipios rurales y en riesgo de despoblación. «Lo que no es razonable es que no se pueda construir nada en los suelos rústicos de los pequeños municipios. O que suponga un esfuerzo titánico, pero no vamos a implantar el modelo de Noja en Tudanca», resumía en primavera el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa.

Así, en las zonas rurales, se permitirá levantar viviendas unifamiliares en suelo rústico sin tener que realizar costosos cambios urbanísticos o cuando no haya un plan general en vigor. Además, reducirá los tiempos administrativos y las cargas burocráticas «sin renunciar a la protección del entorno«. Grupos que se oponen a la norma hablan de «descontrol ante la posibilidad de que se pueda construir casi en cualquier lugar». También alertan de que la ley generalizará el uso de la figura del PSIR para casi «cualquier actividad que quiera el Gobierno» y de que los mejores terrenos, los más idóneos para la producción de alimentos, se destinarán ahora a la construcción.