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Sobre el papel, el pago de los daños causados por el lobo a los ganaderos es sencillo. Cuando el ataque de los animales se produce en la zona de influencia de la Reserva del Saja, el Gobierno de Cantabria tiene que hacerse cargo de las ... indemnizaciones. En el resto de comarcas, son los propietarios de los cotos privados los que tienen que hacer frente al pago. Con el primero de los supuestos, aunque hay cierto retraso, apenas hay problemas. Pero es el segundo el que está suponiendo un quebradero de cabeza para el sector y un auténtico reto para su supervivencia. «Cuando vas a reclamar te indican que como Medio Rural no les deja cazar lobos, ellos se niegan a pagar. Nos dan largas y la única opción que tenemos es ir a los tribunales», apunta Marta García, portavoz del colectivo de ganaderos, muchos de ellos de la zona del Alto Asón, que este martes se reunió con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el consejero del ramo, Jesús Oria.
El encuentro sirvió para arrancar al Ejecutivo el compromiso de que impulsará un cambio normativo de la Ley de Caza para acabar con este conflicto se arrastra desde hace años. En concreto, la modificación consistirá en que será la consejería la que asumirá el pago de los daños causados por el lobo en «todo el territorio». De esta forma, se propiciará que «no haya diferencias en función del terreno cinegético para controlar el lobo», tal y como explicó el director general de Medio Rural, Antonio Lucio, el único responsable público que quiso tomar la palabra. Tanto Oria como Revilla, que abandonó el encuentro antes de tiempo por otro compromiso, se remitieron a una rueda de prensa prevista para este miercoles.
Medio Rural confía en que el nuevo articulado, que llegará al Parlamento después de que mañana el Consejo de Gobierno le dé su visto bueno, cuente con el mayor respaldo posible por parte de los grupos políticos y pueda entrar en vigor en febrero de 2019 o incluso antes. «A los ganaderos les hemos pedido que hasta entonces, si se sigue dando el incumplimiento por parte de los cotos de hacerse cargo de los daños, que nos lo digan para recordarles cuáles son sus obligaciones legales», subrayó Lucio. Y a sus propietarios les echó en cara que es falso que la consejería no esté dando autorización para los controles de lobos. En lo que va de año se han dado cerca de 300 y eso se ha traducido en 17 ejemplares abatidos.
El colectivo de ganaderos afectados por los ataques señaló que también existe el compromiso por parte de Medio Rural de hacer un control población del lobo basado en estudios por parte de los guardas y también por parte de los cazadores previo informe. «Los ganaderos sabemos que tenemos que convivir con el lobo, pero no podemos darle de comer gratis. Están matando ovejas en nuestros jardines. Es que están atentando contra nuestro patrimonio», insistió en varias ocasiones García, quien también recordó que lo único que pretenden es «trabajar dignamente».
Los representantes del sector, que estuvieron acompañados por los alcaldes de Soba, Arredondo, Ruesga y San Roque de Riomiera, defendieron que son los ganaderos los que mantienen vivo un medio rural que cada vez «va a menos» y que la pérdida de una sola cabeza de ganado ya afecta a unas cuentas con muy pocos márgenes. Además, creen que si no se hace algo pronto será aún más difícil fijar población en los pueblos, algo que repercutirá en un peor mantenimiento de los espacios naturales o mayor riesgo de incendios por el abandono de las zonas forestales.
Después del plantón durante la última feria de Arredondo como medida de protesta contra la inacción del Ejecutivo, hoy se mostraron relativamente satisfechos. Si a la entrada de la reunión se quejaban de que el encuentro había sido organizado de manera «improvisada» y que a pesar de las dificultades que tienen para cuidar a los animales habían acudido para no hacer «un desplante al presidente», a la salida el tono era algo más conciliador. Eso sí, recuerdan que también en el pasado habían recibido buenas palabras y después no se cumplieron. Por ejemplo, en el año 2015, cuando se llegó a un acuerdo entre ecologistas, sindicatos agrarios y Gobierno en el Plan de Gestión del Lobo: «Hicimos reuniones y reuniones. Todo ese tiempo lo perdimos de estar trabajando en las explotaciones. Después de 4 años eso está parado y no se están indemnizando los daños».
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