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El Fondo de Cooperación Municipal, la partida económica que el Gobierno de Cantabria destina a los ayuntamientos para que estos puedan llevar a cabo la contratación de obras, servicios o simplemente destinar ese dinero a cualquier asunto que sea de su interés, dejará de ser ... una fuente de desencuentros entre los partidos y las diversas administraciones involucradas. Eso es al menos lo que pretende la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior que dirige Paula Fernández, que está ultimando una ley para blindar el mecanismo de transferencia directa de capital entre la comunidad autónoma y los consistorios para garantizar que se aplique anualmente con independencia del color político del Ejecutivo de turno y de la coyuntura económica.
Este fondo, una de las señas de identidad del PRC durante los Gobierno bipartitos con el PSOE, y caballo de batalla de los regionalistas durante la legislatura del popular Ignacio Diego por su supresión como consecuencia de las dificultades que produjo la crisis durante aquellos años –en 2012 sí hubo una partida para este fin, pero a partir de aquel año se suprimió–, no sólo se mantendrá en el tiempo, también gozará de cierta estabilidad. Porque la intención del departamento es que tenga una dotación mínima anual de 15 millones de euros, la misma cuantía que existe durante este mismo ejercicio y similar a la que ha habido desde 2016, cuando el bipartito PRC-PSOE retomó la aplicación del Fondo de Cooperación Municipal.
Ahora, el Ejecutivo pretende dar un paso más en la consolidación y garantía de esta partida económica, «esencial para la mayoría de nuestros 102 ayuntamientos», apuntan fuentes de la Consejería, que insisten en que así se responde a una «demanda unánime» que los alcaldes de Cantabria han canalizado a través de la Federación de Municipios (FMC). Esa nueva normativa, cuyo borrador ya está finalizado, también fija los criterios de reparto entre los consistorios.
El texto que está a punto de aprobar el Ejecutivo regional para blindar el Fondo de Cooperación Municipal, que garantiza que un mínimo de 15 millones de euros llegue desde la comunidad autónoma hasta los ayuntamientos con independencia del color político del partido que se siente en Peña Herbosa y la coyuntura económica del momento, también especifica que el pago de estas cuantías se deberá realizar siempre durante el primer trimestre del año. Algo que, por cierto, este ejercicio no ha sido posible.
El bipartito aún no ha ingresado en las cuentas locales el dinero que corresponde a cada consistorio, aunque la Consejería de Presidencia detalla que ese trámite se realizará de forma íntegra durante el presente mes de agosto. El Consejo de Gobierno celebrado esta semana ya dio el visto bueno a este movimiento, por lo que en los próximos días llegará a los 102 ayuntamientos de Cantabria para que estos los destinen a los proyectos que mejor consideren. Se trata de un dinero no finalista, por lo que los alcaldes no tienen que comunicar previamente al Ejecutivo regional a qué van a destinar el dinero que les corresponde por población y extensión.
La idea es mantener el consenso acordado con el sistema actual. Es decir, que exista una parte fija para las localidades con un censo superior a los 20.000 vecinos (Camargo, Castro y Piélagos tendrán 469.000 euros, Torrelavega otros 691.000 y por último Santander 1,15 millones) y otra para Valle de Villaverde por sus circunstancias geográficas especiales. Para los 96 municipios restantes, se combinará una parte fija y parte variable atendiendo a los habitantes y extensión de cada uno de ellos. Así, se establecerán once tramos para establecer la asignación variable en función del censo.
La encargada de llevar a cabo todo el proceso administrativo será la Comisión de Administración Local de la Consejería y los plazos que maneja el Ejecutivo cántabro para que entre en vigor la futura ley son muy ajustados. El borrador ya ha sido sometido a consulta pública y no ha recibido ninguna alegación. El siguiente paso es remitirlo al consejo de Administración Local, luego al resto de consejerías por si quieren introducir alguna mejora y, posteriormente, el Consejo de Gobierno tendrá que aceptar el texto para trasladarlo al Parlamento regional en las próximas semanas. Si todo sale según lo previsto, se votará antes de final de año. Y la mayoría absoluta de los partidos que sustentan al bipartito garantiza su aprobación.
Este Fondo de Cooperación Municipal fue el principal motivo del cisma que se produjo en la FEMP, ya que los alcaldes regionalistas respondieron a su supresión en 2013 abandonando la institución y creando una asociación independiente. Las aguas no volvieron a su cauce hasta que no se recuperó, a pesar de que mientras tanto se creó un Fondo de Liquidez de 4 millones de euros y un Plan de Obras Municipal en el que administración local y regional se repartían la inversión.
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