El Gobierno de Cantabria trabaja en la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor

El Gobierno de Cantabria trabaja actualmente en la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Así lo ha trasladado el director general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña, en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la que la Secretaria General de Transporte, María José Rallo, ha presentado el nuevo plan de 'Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada'.

La reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en la que ha participado la Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez, ha contado también con un subgrupo de trabajo de cooperación donde se han abordado, además de la regulación de los VTC, el punto nacional de acceso a información de viajes multimodales y otros temas relacionados con el transporte sostenible.

Además, en la comisión se han abordado las líneas generales del Real Decreto Ley en vigor en el servicio de VTC, de manera que las comunidades autónomas pudieran plantear las cuestiones de carácter técnico que estimaran necesarias en relación a las medidas contenidas en el mismo que les afectan.

En este sentido, Piña ha trasladado que el Gobierno de Cantabria está trabajando en la elaboración de una norma desde el momento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2018, existiendo ya un borrador de la misma.

Actualmente, han regulado las VTC las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Mientras, en el País Vasco el Decreto fue recurrido en vía contenciosa-administrativa por Uber y Unauto el mismo día de su publicación, por lo que en este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha suspendido cautelarmente el período mínimo de antelación y la prohibición de la geolocalización.

Ante esta situación, el director general de Transportes y Comunicaciones de Cantabria se ha mostrado prudente al respecto, teniendo en cuenta el régimen transitorio de cuatro años establecido en la actualidad y las dudas jurídicas que se plantean en situaciones como el País Vasco, donde no se dispone de la figura legislativa del Real Decreto-Ley.

El resto de comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Navarra, La Rioja y Canarias, se encuentran a la espera de la emisión por parte de la Administración del Estado de una directriz general que sirva para unificar criterios a adoptar en temas tan importantes como el tiempo de precontratación o la geolocalización.

De este modo, el Gobierno de Cantabria ha asumido el compromiso de asistir a las reuniones venideras del Grupo de Trabajo que el Ministerio convoque, a efectos de avanzar en la materia pertinente.

En febrero del pasado año, los representantes del sector del taxi se reunieron con Piña solicitando la unificación de las regulaciones autonómicas ya existentes acerca de estos servicios así como la inclusión de nuevos matices.

Andoni considera que los taxis y los VTC no pueden dedicarse al mismo tipo de servicio porque supone una competencia directa. «A través de la aplicación de Cabify no se deberían solicitar servicios inmediatos, esa función la ejerce el taxi. Los servicios privados deben funcionar a través de reservas, con varias horas de antelación».

A pesar de ese planteamiento inicial, apenas una semana después los taxistas organizaron patrullas para detectar y denunciar a los VTC ilegales. Esa es la estrategia que decidieron seguir para hacer frente a la llegada a Santander, Torrelavega y Somo de la aplicación para móviles Cabify, la herramienta que utiliza el VTC para captar clientes y que creen que pone en peligro sus puestos de trabajo.

Con este tipo de acciones quieren presionar al Ayuntamiento de Santander y a la Policía Local para que haga cumplir la normativa y critican que en estos momentos ni siquiera tienen los mecanismos para comprobar si el VTC ha elaborado una hoja de viaje y ha formalizado un contrato previo como exige la normativa. Y es por eso por lo que los agentes no están multando.

La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual se sumó a la petición de regulación «urgente», planteando esta necesidad al consejero de Industria, Francisco Martín.

La regidora ofreció la ayuda del Ayuntamiento para ir «de la mano» en la solución del las VTC, con el fin de evitar que el Ejecutivo autonómico traslade a las corporaciones locales las competencias en este ámbito como hizo la Administración central con las autonomías o para que la regulación no les pille por sorpresa.

El último día del año, en la madrugada del 31, la Policía Local de Santander interceptó y denunció a dos conductores que trabajan a través de la aplicación de Cabify y que, a falta de servicios que cubrir, daban vueltas por el centro de la capital cántabra con la intención de encontrar clientes a los que acercar a casa sin contrato previo.

Sin embargo, el dueño de Armonicar (propietaria de estos automóviles), Aurelio Crespo, aseguró que los hechos no sucedieron así y que sus empleados sí estaban realizando el servicio con la hoja de ruta reglamentaria. «Trabajamos cumpliendo las normas y los conductores saben perfectamente que no pueden recoger a nadie que se lo solicite a mano alzada», declara.