El Gobierno cántabro quiere multar con 2.000 euros la exhibición de símbolos franquistas

La llegada del PSOE a La Moncloa ha resucitado el interés por desenterrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de España y, sobre todo, la urgencia por hacer desaparecer cualquier homenaje al bando nacional, aunque eso suponga poner del revés el callejero de muchas ciudades o derribar un puñado de monumentos. Una iniciativa que ya arrancó con Rodríguez Zapatero, se desinfló durante el mandato de Mariano Rajoy y, ahora, Pedro Sánchez ha colocado en los primeros puestos de su agenda política.

Algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE llevan tiempo trabajando en una legislación específica sobre la Memoria Histórica, como Baleares, Asturias y, ahora, Cantabria. Aquí, fue el exconsejero de Educación y Cultura Ramón Ruiz el que encargó el año pasado a la Universidad de Cantabria elaborar un documento que, tras su destitución, adoptó su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Mañanes.

Uno de los capítulos más llamativos del anteproyecto en el que trabaja el Gobierno es el que recoge «la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, y de los actos de exaltación al franquismo». Es decir, ya no se podrán portar y mostrar en público escudos, insignias o banderas que se puedan identificar con la dictadura. Las sanciones en estos casos serán consideradas leves y las multas irán desde los 200 hasta los 2.000 euros. Pero en caso de reincidencia, esas faltas se convertirían en graves o muy graves, con castigo de hasta 150.000 euros. El propio Gobierno tendrá una base de datos para «seguir y comprobar» a las personas o instituciones que hayan sido sancionadas en algún momento.

Los símbolos preconstitucionales no son ilegales en España. Ni los utilizados durante el régimen de Franco ni los anteriores, ya sean democráticos (como los de la I y la II República) o totalitarios. De hecho, el Código Penal no castiga el uso de los símbolos asociados al régimen. El delito de apología del franquismo no existe, pero sí hay una excepción con las figuras públicas. Un alcalde, por ejemplo, no podría poner una bandera franquista en el Ayuntamiento y alegar libertad de expresión. En este caso, la enseña iría en detrimento de los símbolos constitucionales y se podría llegar a acusar al alcalde de prevaricación.

El PSOE regional sigue, en este caso, los pasos dados antes por Asturias o Baleares. En el Principado aprobarán el próximo mes una Ley de Memoria Histórica que sanciona los mismos casos y con las mismas cantidades que lo recogido en el anteproyecto cántabro. En Baleares, la normativa ya vigente prevé multas más duras, de hasta 10.000 euros.

El Gobierno cántabro también pondrá todos sus medios para evitar cualquier acto público que «exalte el golpe militar o el franquismo, el homenaje o la concesión de distinciones a personas que apoyaron la dictadura». Esto afecta directamente a las celebraciones del 18-J (aniversario del Alzamiento), 1-A (el llamado día de la Victoria) y el 20-N (fallecimiento de Franco), que todos los años suelen reunir en algunas localidades a nostálgicos del régimen.

Al anteproyecto todavía le queda un largo proceso burocrático antes de convertirse en Ley y aprobarse, a pesar de que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, aseguró el pasado enero que la normativa «se aprobará esta legislatura». Una vez que el documento tenga luz verde –en septiembre saldrá a información pública– se abre un escenario de tiempos que pasa por remitir el texto al Consejo de Gobierno, que es quien tiene que aprobar la ley para su presentación en la Cámara regional, previo consenso con los regionalistas, con los que el PSOE gobierna en coalición. Los socialistas no saben cuándo llegará la normativa sobre Memoria Histórica al Ejecutivo, aunque fuentes del partido aseguran que tratará de pisar el acelerador y acortar los tiempos.

Una vez que el Consejo del Gobierno dé el visto bueno al documento, lo remitirá al Parlamento para su aprobación definitiva, pero socialistas y regionalistas tendrán que consensuar el texto con los grupos de la oposición, ya que carecen de mayoría absoluta en el hemiciclo.

Para poner en marcha todas las medidas recogidas en la futura ley, el PSOE considera necesario crear tres nuevos organismos. El primero, una Dirección General de la Memoria Histórica y Democrática, dependiente de una Consejería del Gobierno, que establecerá planes de búsqueda de desaparecidos con carácter cuatrienal; contará con un presupuesto propio para el cumplimiento de sus fines, y con trabajadores públicos expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología y la antropología forense.

Del mismo modo, se creará el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática como órgano colegiado, consultivo y de participación del movimiento asociativo memorialista de Cantabria. Y en tercer lugar, la bautizada como Comisión de la Verdad, un ente independiente de carácter temporal , con la finalidad de «conocer la verdad de lo ocurrido», contribuir al «esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones cometidas».

Esta comisión estará integrada por profesionales de distintas disciplinas, como juristas historiadores, psicólogos, investigadores, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos, y miembros de grupos memorialistas, entre otros, que cuenten con una amplia trayectoria personal y reconocido prestigio.