El Gobierno de Cantabria estudia cobrar los rescates por las zambullidas en sitios prohibidos

La noticia llega después de que, en la mañana de ayer y preguntado por este problema del que se hacen eco los municipios más afectados –como Santoña y Piélagos–, el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, asegurara en rueda de prensa que el Ejecutivo cántabro no tiene prevista ninguna «acción inmediata» para atajar el problema de los saltadores.

¿Y de cuánto sería la multa? El Gobierno cobrará ni más ni menos lo que le cuesta a la Administración la intervención de socorro a estos bañistas irresponsables: 1.906 euros la hora. Es la multa que podría recibir la turista madrileña, según informaron fuentes del Gobierno, atendiendo a la duración de su rescate el martes de esta semana. Si los expertos del Servicio de Emergencia a cargo de este informe juzgan irresponsabilidad por su parte, ella puede ser la primera sancionada por este tipo de multas, sin precedentes en la gestión de este fenómeno.

A partir de ahora, y si la medida prospera, estos pasatiempos de riesgo pueden costarle al responsable una lesión, primero, y más tarde una multa. Pero el Gobierno quiere ir paso a paso. La Dirección General de Interior tiene que pedir ahora un informe técnico a los encargados de rescatar a estos posibles imprudentes para que valoren «con criterios objetivos» si existe una imprudencia manifiesta, ya sea en el monte Buciero de Santoña u otros puntos 'calientes' de la geografía regional.

Y lo dejan claro. El Gobierno puede abrir este procedimiento tras todos aquellos salvamentos con indicios de un atrevimiento excesivo –y que tienen que ser manifiesto a juicio de los expertos encargados del trámite– en toda la región. Estos episodios se repiten también, según informa el Gobierno, en Piélagos, entre los arenales de Portio y La Arnía de Liencres; en Santillana del Mar, en Ubiarco y diferentes puntos entre la playa de Santa Justa y la cala de El Higuero; en la Punta de Saltacaballo (Castro Urdiales) hasta la Punta de Ontón y, por último, en Santander foco de zambullidas sobre todo entre el Faro de Cabo Mayor y Mataleñas, así como en la Punta del Médico y el Faro de la Cerda, en La Magdalena.

El departamento de Presidencia toma así la iniciativa en una de las ramas de la gestión de este problema, los rescates, y que esperan que funcione como una medida disuasoria contra esta falta de sensatez. Su movimiento nada tiene que ver con la parte de responsabilidad que atañe de forma compartida tanto a Puertos de Cantabria, depende de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda; como a Puertos del Estado (del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento).

La noticia fue recibida de buen grado ayer en el Ayuntamiento de Santoña, testigo de la proliferación de estos casos desde la «masificación» del Faro del Caballo. Su alcalde, Sergio Abascal (PSOE), calificó la reacción del Gobierno como «una buena medida» que, de hecho «servirá para que más de uno se lo piense antes de cometer estas irresponsabilidades». El regidor animó, también, «a seguir ampliando la información y difusión de las buenas conductas en el monte y el faro».

Sus declaraciones son muy diferentes a las que ofreció el miércoles, cuando no había salido a la luz la medida de Presidencia. Por entonces, el alcalde aseguró temer la posibilidad de que este rincón termine cerrado por culpa de los bañistas que cometen estas imprudencias, lo que ocurre con frecuencia, y que acaba a veces con lesiones que derivan en la intervención necesaria de los Servicios de Emergencias.