El Gobierno estudia qué hacer con los contratos de las empresas y valora pedir medidas cautelares

Es la pregunta formulada por El Diario Montañés y la respuesta que daban ayer a media mañana fuentes del Ejecutivo. Hablan de consultas y posibles medidas cautelares, pero todo supeditado a conocer el expediente (para tener acceso deben estar personados). ¿Y en los ayuntamientos? Misma pregunta. «No se puede negar el derecho a contratar a ninguna empresa si tiene ese derecho y si lo está haciendo legalmente», aseguró Gema Igual. Santander no moverá pieza por ahora. «Una vez que los servicios jurídicos vean el auto, tendrán que comprobar cuál es la situación jurídica de las empresas y su capacidad para afrontar las obras», indicó por su parte Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega.

El Gobierno no descarta tomar medidas. Pero debe esperar. A personarse (el paso estaba ya avanzado ayer, según pudo saber este periódico) y a estudiar la documentación para poder actuar. En mayor o menor medida, distintas consejerías y ayuntamientos de la región tienen contratos -o los han tenido- con La Encina, Rucecan, API o Cannor. Sin ir más lejos, el pasado viernes se cerró una adjudicación en Santander a Rucecan. Lo explicó Igual a preguntas de los medios. La alcaldesa, que dijo que la empresa «suele trabajar para el Ayuntamiento», concretó que eran dos obras para el Complejo Ruth Beitia por 574.400 euros que se adjudicaron «con el jurídico delante» y «porque no había razón para no adjudicarlas». «Son concursos públicos a los que se han presentado las empresas que han querido y ha habido alguien que las ha valorado, y está el expediente completo».

Igual recalcó que «el foco está puesto en el Gobierno de Cantabria», la coalición PRC-PSOE, y no el en Ayuntamiento (PP-Cs). En ese sentido, señaló que no sabe «cómo habrán contratado» estas empresas con el Gobierno, pero sí con el Ayuntamiento, donde lo han hecho «de manera legal» (con La Encina recordó algún trabajo en el área de Parques y Jardines «con alguna compra de flor de temporada»). Y, así, aseguró que estas empresas «han trabajado y trabajarán para el Ayuntamiento siempre y cuando sea en un procedimiento totalmente legal».

Mientras, en Torrelavega (según informa Javier Gangoiti), el alcalde afirmaba de entrada que el asunto «está en manos de los servicios jurídicos». De forma más extendida, Javier López Estrada -en la misma línea de lo dicho en Santander- insistía en que «todas las licitaciones en la ciudad están bien hechas». «Los funcionarios han actuado correctamente siempre. Las adjudicaciones se hacen por subasta», añadía el regidor al tiempo que valoraba como «una minoría» las obras en marcha que entrarían en este asunto. Eso sí, López Estrada no descarta tomar alguna medida al asegurar que el caso estaba en manos «de los servicios jurídicos» del Ayuntamiento.

Por su parte, El Diario confirmó también que desde la Federación de Municipios de Cantabria no tenían previsto ningún movimiento. «Las licitaciones de cada ayuntamiento son independientes y los responsables son los técnicos de cada Administración», explicaron.