

Secciones
Servicios
Destacamos
Tras un año de pesquisas, informes patrimoniales, escuchas telefónicas y seguimientos, la magistrada Mercedes Compostizo ha llegado a la conclusión de que el funcionario ... Miguel Ángel Diez, prevaliéndose de su condición de jefe del servicio de Carreteras Autonómicas, llegó a un acuerdo con representantes de La Encina, API Movilidad y Rucecan para que estos obtuvieran, «de manera fraudulenta», licitaciones públicas, obteniendo él un beneficio económico y simulando un origen lícito de dicho beneficio, «actividad que no tendría un carácter puntual, sino que se habría desarrollado, presuntamente, de manera continuada en el tiempo».
En el curso de esas investigación y hasta el día de la fecha, la instructora ha detectado al menos «nueve expedientes» licitados por la Consejería de Obras Públicas, «en los que el investigado habría desplegado su actividad delictiva». Por eso, cuando el pasado miércoles los efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria irrumpieron en la Consejería de Obras Públicas con el detenido para registrar su despacho, también solicitaron a los responsables de este departamento los nueve expedientes en cuestión, con un presupuesto total de 31,5 millones de euros, al que aspiraban las tres sociedades implicadas en la supuesta trama de corrupción.
Más información
De hecho, fue el propio consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, quien reveló el pasado jueves que algunos de los expedientes supervisados por el principal investigado, incluso, están a día de hoy abiertos, y que podrían tomar medidas al respecto. «Esperaremos a ver qué dicen las investigaciones, pero si queda demostrado que alguna de estas firmas cometió ilegalidades, me veré obligado a repetir los expedientes de contratación; aunque esto vaya a retrasar en el tiempo las obras», aclaró.
Este periódico ha consultado, a través de las plataforma de Contratación del Estado, esos expedientes y la situación es la siguiente: en cuatro de ellos se propone como adjudicatario a alguna de las tres sociedades investigadas, en otros dos optan a la adjudicación, un expediente se ha declarado nulo y hay que volver a licitarlo, otro aún no se ha licitado y en otro se propone como adjudicataria a la empresa Senor.
Uno de esos contratos prevé las reparaciones puntuales de la capa de rodadura mediante mezclas asfálticas en diversas carreteras autonómicas (4,6 millones) y las dos empresas que aspiran a llevárselo son una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Rucecan y otra en la que se encuentra Cannor Obras (del Grupo La Encina). La Mesa de Contratación (Díez era vocal) acordó solicitar al técnico responsable del contrato la emisión de un informe complementario a los efectos de clarificar la puntuación obtenida por las empresas, motivando suficientemente la puntuación obtenida en la memoria técnica.
En un segundo contrato para la conservación, mantenimiento estructural y mejora de la seguridad vial del Puente sobre la Ría de Cubas (4 millones), sólo se ha presentado la UTE Cycasa-Imesapi (cuyo apoderado es uno de los investigados) y el órgano de contratación la ha propuesto como adjudicataria por 3,5 millones.
En otro expediente para la ejecución de una senda peatonal en la carretera autonómica CA-171. Reinosa-Corconte (1.047.659 euros), presentó su oferta Rucecan (que recibió la segunda máxima puntuación), pero la mesa de contratación acordó proponer la adjudicación la obra por 780.437 euros a Senor.
En cambio, Rucecan recibió la mayor puntuación en la licitación del contrato del camino peatonal paralelo a la CA-284 entre Matamorosa y Villaescusa, en el término municipal de Campoo de Enmedio (604.947 euros), donde el órgano de contratación propuso adjudicarle la obra por 561.101 euros.
Investigación La jueza ha detectado al menos nueve expedientes en los que el investigado «habría desplegado su actividad delictiva»
El consejero Gochicoa «Si queda demostrado que alguna de estas firmas cometió ilegalidades, me veré obligado a repetir los expedientes»
Propuestas de adjudicación En cuatro de los nueve expedientes intervenidos se propone a alguna de las empresas implicadas como adjudicatarias
También Rucecan y API Movilidad aspiran a llevarse el expediente de contratación del proyecto de mejora de la seguridad vial de senda ciclable en la CA-131 (Barreda-La Revilla), presupuestado en 3,4 millones, y que ha quedado a la espera de que otra empresa licitadora presente diversa documentación. Asimismo, estas dos mismas empresas optan a llevarse el contrato de conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas, licitado en 5.885.403 euros. Tras admitir a la UTE integrada por Rucecan y Asfaltos de Camargo, la Mesa de Contratación ha remitido la documentación al técnico responsable del contrato para su valoración.
Por último, se encuentra el expediente de contratación del mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces de desagüe del agua pluvial de escorrentía en diversas carreteras autonómicas de Cantabria, presupuestado en 7,4 millones de euros. El órgano de contratación propone adjudicar tres de los cuatro lotes a las empresas implicadas en la trama de las supuestas mordidas. Así, se plantea conceder la zona centro al Centro de Jardinería La Encina, por 1.624.005 euros; la zona occidental, a Rucecan por 1.423.964 euros y el lote de la zona oriental a Api Movilidad por importe de 1.270.052 euros.
Al tiempo que la Consejería de Obras Públicas aguarda a que la instructora del caso les indique cómo tienen que proceder con estos nueve expedientes -aunque uno está sin licitar y otro debe volver a sacarse a concurso-, el Gobierno de Cantabria también espera a que la magistrada Compostizo tramite su personación en el procedimiento como perjudicado.
Hasta que llegue ese momento, que podría producirse a lo largo del día de hoy, el Ejecutivo cántabro no podrá tener acceso al sumario del caso (quedó abierto el pasado viernes) y, por tanto, no podrá conocer con precisión todos los detalles de una investigación que arrancó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.