Regalos, coches y dinero a cambio de los contratos, la trama de las adjudicaciones

Cuando la magistrada Mercedes Compostizo levantó ayer el secreto de sumario, por la mañana, la Agencia Tributaria (AEAT) tuvo vía libre para informar con todo detalle de los entresijos de lo que califica como «una trama de fraude en la contratación de obra pública de Cantabria» y que, por el momento, se ha saldado con ocho detenidos, de los cuales siete están en libertad con cargos y el principal encausado, el jefe del servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Diez Barrio, en prisión provisional.

Según detalló la AEAT en una nota de prensa, el funcionario de la Consejería de Obras Públicas era el responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. De ahí que también hayan sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos (API Movilidad, Rucecan, Cannor y La Encina). Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama.

A los ocho detenidos se les imputan delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales, aunque al funcionario se le investiga también por prevaricación y falsedad documental. Como ya adelantó ayer El Diario Montañés, la investigación arrancó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario».

Tras las primeras actuaciones, se formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, que se puede estimar en varios millones de euros. «El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada». De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal implicado en la trama, conjuntamente con su entorno familiar, «habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales». Adicionalmente, los investigadores han podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de «diversas dádivas (regalos)» y de «un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado».

La fase en la que «explotó» la operación se concretó el miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal sospechoso, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.

Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario, se hallaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. Además, en todos los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de «varios millones de euros», y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados.

Fuentes de la investigación cifran en 1,4 millones de euros los fondos obtenidos «ilícitamente» por el encarcelado, que tenía un volumen de entrada en sus cuentas de casi «tres millones de euros», y que recibió, supuestamente, de API Movilidad «un coche de la marca Volvo en especie». La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.