Gochicoa: «No es el momento de abandonar el barco ahora. Lo primero es resolver el problema»

Es la responsabilidad institucional, según explicó, lo que le ata al cargo ahora: «No puedo irme justo ahora, cuando lo importante es trabajar para buscar qué es lo que ha ido mal en todo el proceso que se desarrolla en las mesas de contratación». «No me explico cuál es el problema que ha permitido que todo esto llegue a suceder».

Es un proceso, recordó, en el que no hay cargos políticos, donde los criterios de adjudicación son «escrupulosamente objetivos» y «donde nadie ha podido acumular tanto poder como para poder hacer lo que supuestamente ha hecho este funcionario». «Necesitamos saber qué ha fallado para que no pueda volver a pasar», insistió.

Lo imperativo es aguardar a que hoy, tal y como avanzó ayer el vicepresidente del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga, la jueza que instruye el caso abra el secreto de sumario y las pesquisas sean públicas. Un trámite imprescindible para saber cuáles serán los próximos pasos a dar y que también es premisa ineludible para que el Ejecutivo se persone en la causa -tiene intención de hacerlo- como acusación particular.

La jueza Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, lleva medio año trabajando en una investigación que llegó el miércoles a su punto más álgido con ocho detenciones, dos en Madrid y el resto en la capital cántabra. Todas estas personas, que incluyen al funcionario responsable del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras en la Consejería de Obras Públicas, podrían estar involucradas en una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de contratos. Básicamente, mordidas.

Algunos de los expedientes supervisados por el principal investigado, incluso, están a día de hoy abiertos, y sobre eso el consejero también avanzó una posible toma de medidas. «Esperaremos a ver qué dicen las investigaciones, pero si queda demostrado que alguna de estas firmas cometió ilegalidades, me veré obligado a repetir los expedientes de contratación; aunque esto vaya a retrasar en el tiempo las obras», aclaró.

La actuación con el mencionado funcionario es una cuestión aparte. No se le puede privar de su condición de funcionario, aunque sí se le puede apartar de la dirección de los procesos de contratación. Incluso se le podría abrir un expediente para suspenderle de empleo y sueldo; pero eso es algo que no se baraja hasta conocer los detalles de las pesquisas ordenadas por la jueza. En todo caso, ese sería el procedimiento interno de la Administración; pero luego está el judicial, que podría acarrear penas incluso de prisión.

Las pesquisas comenzaron este pasado miércoles, cuando varios agentes de la Agencia Tributaria se personaron en la Consejería y en varias empresas con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional, y han continuado desde entonces con el estudio de toda la documentación requisada.

«Sólo así se podrán sacar conclusiones», valora el máximo responsable de la Consejería. Porque hasta el mismo miércoles, «nada le hizo a nadie en la Consejería sospechar sobre este caso». Como mucho, los propios empresarios que participaban de los concursos le calificaban como un hombre «duro». «Pero no era algo que sospechara que fuera malo, pues es bueno que exista ese control cuando se trata de dinero público».

Gochicoa agradeció también el apoyo prestado por otros miembros del Gobierno, pese a que su socio en el bipartito, el socialista Pablo Zuloaga, sembró ciertas dudas sobre la existencia de responsabilidades políticas en el asunto. «De momento no se van a tomar decisiones políticas porque no tenemos toda la información que necesitamos», aclaró. «Pero una vez se abra el secreto de sumario, algo que está previsto para este viernes, será el momento de ver si es preciso depurar más responsabilidades y de qué tipo», aseguró el vicepresidente.

No cerró la puerta, pues, a que se lleguen a producir ceses de cargos políticos. Al fin y al cabo se trata de una situación parecida a la sucedida recientemente en la que el presidente Revilla solicitó que «rodaran cabezas (en el Ministerio de Transportes)» por el desastre de los trenes.

«Nos falta mucha información porque muchas de las cosas que hemos ido sabiendo ha sido a través de los medios de comunicación», advierte el vicepresidente, que no obstante asegura que el funcionamiento del Servicio de Carreteras, vértice de esta trama de supuesta corrupción, seguirá funcionando con normalidad. «No podemos paralizar su funcionamiento en un tiempo como este, en que se han avanzado nevadas y temporales, y el operativo de vialidad invernal, que se moviliza desde este área, tiene que estar plenamente dispuesto».

Entre tanto, otros grupos políticos han exigido que se depuren responsabilidades por todo lo sucedido. Vox pidió ayer el cese «inmediato» de toda la cúpula de la Consejería de Obras Públicas por la presunta «corrupción» en la adjudicación de contratos de obras y avanzó que solicitará una comisión de investigación.

Cristóbal Palacio, portavoz del partido en el Parlamento regional, aseguró que le cuesta «creer que en una trama que parece que se ha prolongado durante muchísimos años el Gobierno de Cantabria del PRC no haya tenido ningún aviso, comentario, contacto o alarma».

En la misma línea se pronunció Ciudadanos (Cs), que pedirá hoy en la Junta de Portavoces la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlamento en el que comparezcan tanto Miguel Ángel Revilla como José Luis Gochicoa para dar explicaciones sobre la investigación.