La jueza manda a prisión provisional al funcionario detenido por la trama de corrupción en Cantabria

Por contra, dejó en libertad con cargos a la mujer del funcionario, Beatriz del Río, y a los cuatro empresarios implicados: Secundino Vidal Celis (administrador único de Rucecan), Elías Celis González (apoderado de la misma mercantil), José Saiz Gómez (administrador único de Cannor Orbas y Servicios y Centro de Jardinería La Encina) y José Luis Blanco Mazagatos (apoderado de API Movilidad e Imesapi).

A las nueve y media de la mañana empezaron a pasar a disposición judicial los seis detenidos (las hijas del funcionario, Celia y Sofía, fueron detenidas el miércoles en Madrid y puestas en libertad ese mismo día con cargos). Pero no llegaron todos juntos al Juzgado de Guardia del complejo judicial de Las Salesas. Primero lo hizo Miguel Ángel Diez junto a tres empresarios y más tarde llegó el cuarto empresario y la mujer del principal investigado.

Según informaron a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, lo primero que hizo la magistrada Compostizo, que ya ha levantado el secreto de sumario, fue celebrar la comparecencia de los cuatro empresarios implicados, a los que dejó en libertad con cargos y con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. En principio les imputa supuestos delitos de cohecho (penado con entre 3 y 6 años de prisión y multa de 12 a 24 meses) y blanqueo de capitales (castigado con entre 6 meses y 6 años de prisión) y fraude en la contratación (prisión de 2 a 6 años). Los cuatro se acogieron a su derecho a no declarar.

Después, la instructora recibió al funcionario, que, como los anteriores, se acogió a su derecho a no declarar. Y acordó enviarle a prisión provisional comunicada y sin fianza, imputado por hasta cinco supuestos delitos: prevaricación (penada con multa de 3 a 8 meses y con la suspensión de empleo público por tiempo de 1 a 3 años), cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales y falsedad documental (prisión de 6 meses a 3 años).

Finalmente, la jueza dejó en libertad con cargos a la mujer del funcionario, a la que imputa supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental, y que también tiene la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

En el auto en el que acordó enviar a prisión al funcionario, al que tuvo acceso este periódico, la magistrada señala que Miguel Ángel Diez, prevaliéndose de su condición de jefe del servicio de Carreteras Autonómicas, llegó a un acuerdo con los cuatro empresarios para que estos obtuvieran, «de manera fraudulenta», licitaciones públicas, obteniendo un beneficio económico y simulando un origen lícito de dicho beneficio, «actividad que no tendría un carácter puntual, sino que se habría desarrollado, presuntamente, de manera continuada en el tiempo».

Además, la magistrada señala que se ha detectado, en el curso de la investigación y hasta el día de la fecha, al menos «nueve expedientes» licitados por la Consejería de Obras Públicas, «en los que el investigado habría desplegado su actividad delictiva». Dichos expedientes son los que la jueza Compostizo ha solicitado que entregue la Consejería que dirige José Luis Gochicoa.

La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, se forma un equipo conjunto con la UDEF de Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.

El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales.

Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

La fase de explotación de la operación se concretó el pasado miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los correspondientes domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.

Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario investigado se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

En los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.