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Aunque hasta que no se levante el secreto de sumario no habrá más detalles, por ahora lo que se sabe es que las posibles irregularidades en la contratación de la Consejería de Obras Públicas con tres empresas del sector se circunscribe al servicio de ... Carreteras Autonómicas, área del que era responsable -como trabajador público, no en un puesto político- el principal investigado en la macrooperación policial que arrancó el miércoles. Las compañías en las que realizaron registros los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria son API Movilidad, Rucecan y La Encina, que en los últimos siete años se han hecho con la adjudicación de 360 contratos de mantenimiento de vías de la red regional por importe de 42,1 millones de euros. La estadística aparece en el Portal de Transparencia del propio Gobierno de Cantabria, donde se cuelgan los expedientes desde la entrada en vigor de la nueva normativa en la materia en 2015. No quiere decir que todos ellos estén bajo sospecha, pero tampoco que otros contratos anteriores no puedan presentar irregularidades, ya que los investigadores llevan un año analizando los pasos de M.A.D.B. desde hace una década.
Además, esos 360 contratos en carreteras suponen el grueso de los 426 que licitó todo el conjunto de la Consejería de Obras Públicas -sólo 66 están en otras áreas- y 148 fueron de emergencia. Se trata de un procedimiento que se utiliza en casos excepcionales en que «la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional».
Muchos de ellos tienen que ver con la reparación de argayos, estabilización de terraplenes, reparación de plataformas hundidas o recalque de puentes como consecuencia de los sucesivos temporales que han sacudido a la comunidad autónoma. Son obras de urgencia en las que se puede actuar sin obligación de tramitar expediente de contratación, «sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la ley». También tienen un procedimiento específico y abreviado los contratos menores que no superen lo 40.000 euros. En este caso, API, Rucecan y La Encina suman otros 176 expedientes desde 2015.
Aunque no es obligatorio, desde el departamento que dirige José Luis Gochicoa precisan que es norma de la casa pedir hasta tres presupuestos distintos a la hora de resolver un contrato de emergencia. Hay una excepción: cuando una empresa tiene una concesión de larga duración -como ocurre con API con el contrato de vialidad invernal- y hay que hacer una actuación urgente en una zona en la que esta compañía realiza trabajos habituales. Ahí se encarga a esa misma compañía la realización de la obra de urgencia por motivos de eficiencia. Conocen mejor el terreno y ya están en el lugar, por lo que los tiempos se acortan. Otro dato: las empresas en las que entraron los agentes obtuvieron el 60% de los contratos de emergencia en carreteras durante 2022.
API Movilidad 23 millones de euros ha adjudicado el área de carreteras a esta empresa en los últimos siete años.
Rucecan 14,7 millones de euros euros ha adjudicado el área de carreteras a esta empresa en los últimos siete años.
La Encina 4,4 millones de euros euros ha adjudicado el área de carreteras a esta empresa en los últimos siete años.
En el caso de Rucecan, en el Gobierno destacan que su éxito a la hora de hacerse con contratos públicos está en lo ajustado de sus tarifas, mucho más competitivas que sus principales rivales. En el sector señalan que en muchas ocasiones pueden bajar sustancialmente el presupuesto base de licitación porque tienen maquinaria propia -otras empresas alquilan- y porque trabajan rápido sobre el terreno, por debajo incluso de los plazos de ejecución. Y lo hacen, según la Administración, con muy buenos resultados desde el punto de vista técnico.
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