Los ocho detenidos: el funcionario, su mujer, sus dos hijas y cuatro empresarios

Fuera del ámbito familiar, los otros cuatro detenidos pertenecen a las tres empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción: dos de ellos desempeñan sus trabajo en Rucecan (Torrelavega), otro en La Encina (Puente Arce) y el cuarto en API Movilidad (Polígono de Raos).

Las seis personas que se encuentran detenidas en las dependencias de la Policía Nacional de Santander pasarán hoy a disposición judicial. Queda por ver si, como adelantó ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, la instructora decide levantar el secreto de sumario. Será en ese momento, y no antes, cuando el Ejecutivo cántabro se persone en el procedimiento «como perjudicado». Todo ello si se determina que «una persona ha podido estar cobrando cualquier tipo de comisión» aprovechando su cargo.

Este caso surge a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria (AEAT), que está actuando como Policía Judicial en el procedimiento al descartar, en principio, un quebranto para la Hacienda Pública, es decir, que no contempla el fraude fiscal.

Según han desvelado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, fue hace casi un año cuando la AEAT detectó, a través de sus mecanismos de información y sistemas internos, conductas sospechosas del funcionario que decidieron investigar. Cuando avanzó en sus pesquisas acordó crear un equipo conjunto con la UDEF y fue en septiembre cuando decidió judicializar el expediente, presentando una denuncia en el Juzgado, que por turno cayó en el que preside la magistrada Compostizo. Una vez que admitió a trámite la denuncia, la instructora autorizó más mecanismos de investigación, como por ejemplo la intervención de los teléfonos de M.A. D.B., al que 'cazaron' tirando documentación en un contenedor un día antes de su detención y encontraron en su domicilio algo más de 500.000 euros.

A la espera de que la jueza tome declaración a los seis detenidos y decida si acuerda prisión provisional o les deja en libertad con cargos, la Agencia Tributaria tiene unos hechos «claramente probados», otros que «claramente se intuyen pero no están probados» y también hay actuaciones supuestamente irregulares que han «prescrito».

Respecto a la intervención del miércoles, en la que participaron más de sesenta agentes de la UDEF y la AEAT, fuentes del caso aseguran que los registros, que se prolongaron durante más de doce horas (desde las siete de la mañana hasta pasadas las ocho de la tarde) fueron «muy amplios» y en ellos se recabó «mucha información».

En uno de ellos, el que tuvo lugar en la Consejería de Obras Públicas, estuvo presente el funcionario investigado, que, según desveló ayer el consejero José Luis Gochicoa, se mostró «colaborador» en todo momento con los agentes, ya que les facilitó su contraseña para acceder a su ordenador. Además de la documentación que se llevaron del servicio de Conservación y Mantenimiento de Carreteras, la jueza ha solicitado a la Consejería que remita ocho expedientes de contratación de obras que siguen abiertos, es decir, que aún no se han adjudicado. En esos expedientes aparece alguna de las tres empresas investigadas.

El funcionario sobre el que pivota toda esta investigación lleva 23 años trabajando para la Administración cántabra. Entre febrero del 2000 y junio de 2004 ocupó el puesto de coordinador de conservación; de junio de 2004 a abril de 2009 fue el jefe de sección de obras de conservación; de abril de 2009 a marzo del 2022 fue ingeniero coordinador de conservación y explotación, y de abril de 2022 a la actualidad ha sido el Jefe del Servicio del Carreteras Autonómicas en comisión de servicios. Aunque este puesto lo ha desempeñado como una encomienda en funciones desde 2019, después de que su predecesor, Manuel del Jesus, fuera nombrado director general de Obras Públicas.

El entorno más cercano a la familia comenta que tanto el funcionario como su mujer y dos hijas tenían «un tren de vida muy superior a lo esperado para un funcionario de sus características». Conocidos y vecinos, a los que no les ha sorprendido la detención, hablan de que en ocasiones había incluso «ostentación». «Viajaban mucho, sobre todo la madre y las hijas. Vivían en pleno Sardinero, conducían coches de muy alta gama y vestían ropa realmente cara».