El funcionario de Obras Públicas ingresó tres millones en 2022 y tiene cuenta en Luxemburgo

Fruto de esa confabulación, la instructora saca a la luz los beneficios y el incremento patrimonial que ha sido detectado al núcleo familiar del investigado, que se enfrenta a «elevadas penas» por hasta cinco delitos: prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

De entre todas esas cantidades «ingentes» de dinero, hay una que llama especialmente la atención de la instructora. Y es que el funcionario tuvo en 2022 un rendimiento bruto de trabajo de 69.160 euros (por su cargo en la Consejería de Obras Públicas), pero ese año ingresó en sus cuentas casi tres millones de euros. Es la punta del iceberg.

La investigación patrimonial a Miguel Ángel Díez y su entorno familiar ha permitido a la instructora acreditar indiciariamente, un incremento patrimonial que tendría su origen en los presuntos pagos de carácter ilícito realizados por las empresas adjudicatarias de obras públicas licitadas y adjudicadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria, licitaciones sobre las que el funcionario «ejercería un cierto control y capacidad de decisión».

Según señala la magistrada en su auto, Díez se habría beneficiado presuntamente de fondos con origen en las mercantiles Rucecan, Cannor Obras y La Encina, por un importe conjunto de más de 504.000 euros entre los años 2020 y 2022.

Este beneficio se habría producido también de manera indirecta, a través de la mercantil Parivara Lagani, cuya administradora única es su mujer, Beatriz del Río, y de la que sus hijas Celia y Sofía son socias (las tres fueron detenidas y se encuentran en libertad con cargos).

«La justificación de estos fondos sería una actividad de fotocopias, de carácter presuntamente ficticio y no real», según la conclusión a la que llegan los investigadores a la vista de que el lugar declarado de la actividad coincidiría con el domicilio familiar -en el periodo de imputación correspondiente Cecilia estaba realizando estudios universitarios en Madrid-, y teniendo en cuenta que en las cuentas bancarias tituladas por los interesados no se han detectado inversiones en maquinaria o instalaciones u otras posibles compras o gastos compatibles con una actividad mercantil, como alquileres, instalaciones, gastos de personal, suministros o telefonía».

Además, el jefe de servicio de Carreteras Autonómicas se habría beneficiado igualmente a través de la nómina abonada a su esposa como asalariada de la empresa adjudicataria de obra pública La Encina, «a pesar de no desempeñar actividad laboral alguna, extremo que se ha podido acreditar en las actuaciones, tanto a través de la geolocalización del teléfono móvil de Beatriz del Río, como del resultado de las escuchas telefónicas y de los dispositivos de vigilancia llevados a cabo por los agentes de Policía Nacional».

Las nóminas percibidas por la esposa del funcionario, según se pone de manifiesto en el atestado policial, sumarían un total de 70.482 euros entre los años 2019 y 2022.

Asimismo, el jefe del servicio de Carreteras Autonómicas habría recibido como «pago en especie», el disfrute de un vehículo Volvo XC40 (valorado en 40.000 euros), que se encuentra arrendado por una de las empresas adjudicatarias e implicadas, Api Movilidad.

Todo esto lleva a la magistrada Compostizo a concluir, indiciariamente, que los pagos realizados a la hija del investigado y Parivara Lagani por las sociedades envueltas en la trama, el pago de la nómina a la cónyuge del investigado y el disfrute del Volvo, «constituirían pagos por las conductas realizadas por Díez para favorecer a unos licitadores frente a otros a la hora de concurrir a determinados expedientes de licitación pública sobre los que el funcionario ejerce control».

«A estos pagos -continúa la jueza- se les trataría de revestir presuntamente por el investigado un carácter lícito, simulando que provienen de actividades mercantiles (fotocopias) y laborales reales, cuando las investigaciones permiten afirmar indiciariamente que estas no son realmente existentes».

La investigación que inició hace un año la Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria tras tener conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública, incluye un informe patrimonial que permite apreciar un «importante incremento» en el patrimonio del funcionario.

A modo de ejemplo, la magistrada apunta que Díez tiene unos rendimientos brutos de trabajo en el año 2022 que ascienden a 69.160 euros, pero presenta un volumen de entrada en sus cuentas en ese mismo ejercicio de casi 3 millones de euros (2.829.268,30 euros). Además es titular de cinco bienes inmuebles, de una cuenta bancaria en Luxemburgo y realiza operaciones con fondos de inversión con un importe total de adquisición o enajenación de 772.093 euros.

Constan asimismo en las actuaciones donaciones realizadas por el encarcelado y su mujer, en favor de sus dos hijas, por importes de 500.000 euros en 2019 y de otros 225.000 euros en 2022.

A todo esto, hay que añadir el resultado de la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio familiar del investigado y de su esposa, y domicilio social de la mercantil Parivara Lagani, en la que se intervinieron, entre otros efectos, además de una máquina contadora de dinero, la cantidad de 529.400 euros en efectivo, en el interior de una caja fuerte que contenía cinco bolsas grandes, cada una de las cuáles contenía la anotación '100.000 euros', más una sexta bolsa más pequeña sin anotación.

La instructora entiende que esta «ingente cantidad de dinero», hallada en el domicilio del investigado, «constituye una cantidad que es difícil de explicar para un funcionario público con unos ingresos brutos anuales en el año 2022 de 69.160 euros». Además, añade que los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia Díez del Río ascenderían a un total estimado de 1.398.930 durante los años 2019 a 2022.

Por otro lado, en la entrada y registros practicados en las empresas adjudicatarias Cannor Obras y La Encina, se intervino diversa documentación emitida por la última empresa dirigida a la Consejería de Obras Públicas, que contenía diversas anotaciones manuscritas y apuntes relativos a distintas cantidades abonadas al jefe de servicio de Carreteras Autonómicas, correspondientes, presuntamente, a pagos realizados por cuenta de José Saiz (administrador de Cannor y La Encina) al funcionario con motivo de los hechos que se investigan.