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La Consejería de Empleo y Políticas Sociales destinará este próximo año 141 millones para la atención a la dependencia, casi 7 millones más que en 2019, convirtiéndola en la partida de mayor cuantía de sus presupuestos, que ascenderán a algo más de 363 millones de euros. «Nunca antes en la historia de esta comunidad autónoma se había invertido tanto dinero público para gestionar unos servicios sociales que, como en la atención a la dependencia, son una referencia en toda España», destacó la titular del área, Ana Belén Álvarez, en la presentación de las cuentas.
La consejera puntualizó que los fondos que manejará representan el 13% del total del Presupuesto del Gobierno, los terceros más altos, por detrás de Sanidad y Educación, y que son «netamente inversores», ya que el gasto corriente en bienes, servicios y deudas es mucho menor que en otras consejerías. «Prácticamente el 80% del presupuesto -284 millones- es una inyección de capital directa a fortalecer la cohesión social, a generar oportunidades de empleo y a garantizar la protección social».
363 millones es el presupuesto de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
De esos 284 millones, 95 se destinarán a financiar políticas activas de empleo y mejorar condiciones de seguridad en el trabajo, y 189 se dedicarán a acometer políticas sociales y de acceso a la vivienda.
En el desglose detallado de esta última partida, Ana Belén Álvarez explicó que 141 de esos 189 millones se emplearán en la atención a la dependencia, con una inversión de más de 80 en la financiación de 6.500 plazas concertadas en residencias y centros de día; la consejera subrayó que Cantabria es la primera comunidad de España en porcentaje de plazas concertadas (25%). Del dinero restante, 31,3 millones garantizarán la Renta Social Básica (actualmente con 5.736 beneficiarios), y 16 servirán para facilitar el acceso a la vivienda «a quienes están pasando mayores dificultades».
En materia de empleo, la mayor partida la absorberán los programas de promoción e inserción laboral, con 60 millones de euros, más de la mitad de ellos para la Orden de Corporaciones Locales, con la novedad de que los 4 millones destinados a la contratación de jóvenes se dedicarán a un nuevo programa de prácticas laborales.
El importe de las ayudas destinadas a la contratación indefinida alcanza los 3,7 millones de euros, mientras que la promoción del empleo autónomo alcanzará los 10 millones, incluyendo 4,5 millones para el mantenimiento de la actividad de esas empresas y trabajadores. Igualmente, se destinarán 1,6 millones al fomento de la economía social a través de cooperativas y sociedades laborales, y casi 1,4 millones a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Los programas de formación para la mejora de la empleabilidad son, con 27 millones, la segunda partida más importante, mientras que las acciones para la intermediación y orientación profesional se llevarán algo más de 2,5 millones, y los programas de mejora y fomento de la seguridad laboral casi otro millón.
El Servicio Cántabro de Empleo contará con el mismo presupuesto de este año, aunque el Gobierno tendrá que asumir una partida de 2,5 millones más para sustituir fondos europeos que desaparecen. Por último, cerca de un millón se destinará al nuevo plan Reincorpora-T, para reducir el desempleo de larga duración.
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Ana del Castillo
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