El Gobierno iniciará en enero un proceso de participación pública sobre las zonas de exclusión eólica

Gochicoa ha explicado que «gran parte» del trabajo ya está realizado. «Yo ya he llegado a ver medio borrador, sin normativa todavía, pero medio borrador», ha señalado el consejero, que ha explicado que la documentación sobre las cuestiones que están «más en boca de todos», como la cartografía ambiental y las zonas de exclusión eólica, está ya «prácticamente terminada».

Por ello, está «casi convencido» de que para enero de 2022, se podrá abrir ya este proceso de participación pública para empezar a mostrar ya a ayuntamientos y colectivos parte de la documentación que integra el PROT y que ya está elaborada -no la normativa- y, entre ella, la que afecta a estas zonas de exclusión eólica, con el objetivo de conocer su opinión.

Aunque el Gobierno trabaja de forma intensa en el PROT, según ha señalado, la «prioridad» de la Consejería era primero tener la nueva Ley del Suelo, cuyo proyecto ya está tramitándose en el Parlamento, en fase de comparecencias.

Este es uno de los asuntos por los que más han preguntado al consejero los distintos grupos de la Cámara en su exposición de las cuentas de su departamento, que Gochicoa ha calificado de «expansivas», «sobre todo en inversión» y con las que se busca «insuflar aún más aire a la economía regional y de impulsar el crecimiento económico» de Cantabria, una descripción con la que no se ha mostrado conforme, principalmente, el PP, que las considera una «oportunidad perdida».

El Presupuesto asciende a más de 155,9 millones, un 7,8 por ciento más que el de 2020, con 11,3 millones más. De ellos, 8,1 (de los que casi 5,2 ya están transferidos) proceden de fondos europeos.

Gochicoa ha ensalzado que se trata del presupuesto «más inversor» de todos los que ha habido en su departamento, con casi 100 millones, entre inversiones directas e indirectas.

En este Presupuesto además de las grandes partidas para carreteras autonómicas (45,6 millones, de los que casi 27 serán para el Plan de Carreteras), obras hidráulicas o infraestructuras municipales (10,2), incluyen 6,3 millones para el Fondo de Derribos; tres para la rehabilitación del aparcamiento de Nueva Montaña que se derrumbó en enero de 2020, o dos para la lucha contra las inundaciones en aquellas zonas con mayor riesgo, como Reinosa o en varios de los municipios bañados por el Saja.

También hay uno para el soterramiento de Torrelavega y 10.000 euros para posibilitar la firma del convenio para el cubrimiento de las vías en Camargo, cuestiones todas ellas que son las que, principalmente, han centrado en buena parte el interés y las preguntas de los grupos.

Sobre el soterramiento de Torrelavega, Gochicoa ha achacado el retraso de la actuación a que se han tenido que elaborar más informes ambientales, los cuales -ha dicho- «ya se han realizado» y en «fechas muy breves» serán remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica, con lo que espera que en 2022 se puedan ya licitar y adjudicar las obras e incluso iniciarlas «a finales de año».

Es por ello por lo que la Consejería ha consignado ese millón de euros, que considera «suficiente» para los trabajos que podrán ejecutarse.

Además, Gochicoa ha anunciado que el 30 de noviembre, habrá una nueva comisión de seguimiento sobre este proyecto, en el que participarán todas las partes implicadas: la Consejería, el Ayuntamiento de Torrelavega, ADIF y el Ministerio de Transportes.

Desde la oposición se ha criticado el retraso y el «sainete» que está ocurriendo con estas obras, para cuya ejecución el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 no incluía partida para ello pese a que el Ministerio es uno de los firmantes del convenio para llevar a cabo esta actuación.

Finalmente PRC y PSOE en el Congreso de los Diputados presentaron de forma conjunta una enmienda para incluir 1,5 millones en los PGE de 2022 para esta obra y plurianuales para los siguientes años, unas enmiendas que el PP ve «mentirosas y que no se van a cumplir».

También desde la oposición han lamentado el retraso de las obras para cubrir las vías en Camargo, un asunto que está pendiente, según Gochicoa, de que el Ayuntamiento y el Ministerio lleguen a un acuerdo para poder firmar el correspondiente convenio.

En cuanto al Fondo de Derribos, Gochicoa ha explicado que la partida consignada para 2022, unida a las incluidas en anteriores ejercicios, va a posibilitar la construcción de la viviendas de sustitución de Arnuero. El Gobierno ya tiene un proyecto para estas viviendas, que espera sacar a licitación «muy próximamente».

Además, el Ejecutivo usará otra parte del Fondo de Derribos a empezar a indemnizar a propietarios de viviendas que «ya es un hecho que no hay posibilidad de ser legalizadas» porque así lo han determinado los jueces.

Gochicoa ha señalado que, en este ámbito, el Gobierno siempre estará a lo que vayan demandando los tribunales de Justicia, si bien ha garantizado que «ya hay dinero suficiente» para contemplar todas las actuaciones previstas para 2022.

Por otra parte, para la rehabilitación del aparcamiento de Nueva Montaña irán casi 3 millones, incluidos dentro de la aportación dineraria a Gesvican de 3,9. El resto se destinará a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los municipios fundamentalmente en riesgo de despoblamiento, algo que es una «novedad» en el Presupuesto.

Y en relación con las actuaciones para evitar inundaciones, Gochicoa ha considerado «suficientes» las partidas incluidas en el Presupuesto de su consejería, ya que ha recordado que a ello hay que sumar el dinero que llegará del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación.

En relación a los plazos de las obras, ha señalado que las de la primera fase en Reinosa están «a punto de finalizar» y de las cinco actuaciones del Gobierno regional para el Saja una ya está ejecutada, otra recién adjudicada, otra licitada y dos que se licitarán en 2022, con lo que se prevén que todas ellas sean una «realidad» entre finales de ese año y principios de 2023.

También Gochicoa se ha referido a las obras del Puerto de San Vicente de la Barquera, que la Justicia mantiene paralizadas y están pendientes de la resolución judicial, que Gochicoa cree que será «positiva» y se podrá retomar la actuación.

El PP ha sido el grupo más crítico con estas cuentas, que cree que son «más de lo mismo» y no harán que esta consejería sea «motor» de la economía de la región, como, a su juicio, debiera de ser y tampoco apuestan por ayudar a un sector de la construcción que «se está ahogando», más ahora con la subida de los materiales y de la energía. Además, ha preguntado a Gochicoa «para cuándo» las grandes infraestructuras pendientes.

Por su parte, Cs se ha mostrado a favor de focalizar las intervenciones en Obras Públicas no sólo en «obras faraónicas», sino también en las actuaciones básicas para ayuntamientos y juntas vecinales, algo que, según el consejero, se está haciendo. Y Vox ha pedido al consejero la aclaración sobre varias partidas del presupuesto.