Los dependientes de Cantabria que paguen sus cuidados profesionales tendrán derecho a prestación

Esto se aplicará, por ejemplo, en aquellos casos en los que no se pueda asignar una plaza concertada en el área que desea el usuario y este tampoco quiera disfrutar de plaza en otra área donde sí exista vacante. Con esta novedad, se le ofertaría la nueva prestación para que pague parte de la factura del centro que ellos deseen. «¿Con qué partida?», preguntó la diputada popular Isabel Urrutia, que entiende que en los Presupuestos no hay dinero para ello y ya adelanta que se trata de una promesa que no se cumplirá.

Urrutia también criticó, además de que no hay «ni una sola medida para luchar contra la ocupación», que el Icass, si no se tiene en cuenta el dinero de los fondos europeos, tendrá 239 millones de euros, frente a los 244 actuales. «Cuanto más sube la pobreza, menos dinero destinan a apoyar a las personas vulnerables», insistió la diputada, que puso de manifiesto que en el primer trimestre de 2021 había menos personas trabajando en el servicios sociales que en 2019.

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Frente a ese dato, Álvarez aportó otro: el aumento en 6.000 afiliados en este ámbito en lo que va de año, «el mayor aumento por detrás del sanitario». Eso, y que en Cantabria había a 31 de octubre 17.340 personas dependientes con prestación, o que es junto con Cataluña la que más plazas residenciales oferta a las personas dependientes gracias a las 384 nuevos conciertos firmados en lo que va de legislatura. En este punto, la lista de espera para acceder a una residencia se ha reducido hasta las 109 personas (mayores y discapacitados) y hay 44 vacantes pendientes de cubrir.

Cantabria es la comunidad autónoma que menos tarda en resolver la solicitud para evaluar el grado de dependencia. Así lo recoge el último informe del Ministerio que detalló la consejera Álvarez. La región ha reducido el tiempo medio de espera hasta los 127 días, frente a los 448 días de demora media del país. En estos momentos hay 17.340 personas que reciben alguna prestación de dependencia y 1.054 que están en lista de espera para recibirla.El dato lo proporciona el Gobierno en respuesta a la diputada Isabel Urrutia, que afirmó en Comisión que la cifra era de 4.000 personas. «Las familias no esperan en dependencia, sino que desesperan», se lamentó la popular, que también puso de manifiesto la dilación en la tramitación de la renta social básica y los trámites para el reconocimiento de familia numerosa, que van «con un año de retraso». Urrutia toma el dato del propio Icass, pero el organismo precisa que en su estadística aparecen personas a las que se les ha reconocido un grado, pero que no han reclamado ningún servicio –no están en espera–, además de expedientes con «renuncia, suspensión o finalización».