El Gobierno pagará hasta 600 euros al mes a quien ceda su vivienda vacía para el alquiler

El programa lo gestionará la empresa pública Gesvicán, que actuará como intermediario. Básicamente, lo que hará este plan es dar garantías máximas al propietario, que durante el tiempo que ceda su vivienda -por un periodo mínimo de siete años- se podrá despreocupar por completo del asunto. No tendrá que realizar ningún trámite, no tendrá que relacionarse con el inquilino y recibirá cada mes un ingreso por el importe acordado con la Administración. Un ingreso que llegará a su cuenta bancaria desde el primer mes y con independencia de que el Gobierno de Cantabria logre o no poner en alquiler su inmueble. Además, una vez que finalice el periodo de cesión, el Ejecutivo se compromete a devolver el piso en las mismas condiciones en las que estaba en caso de que haya desperfectos o averías.

En el Moviva pueden participar todos los propietarios privados que lo deseen y que tengan un inmueble con condiciones suficientes de habitabilidad. El canon mensual que recibirán se fijará en función del índice de precios del alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con un tope máximo de 600 euros. En algunos casos, el ingreso puede ser inferior al que tendría con un alquiler ordinario, pero el Ejecutivo valora que, con este nuevo sistema, el dueño evita posibles impagos y se garantiza que recibirá el cheque incluso en los periodos intermedios entre la entrada de un arrendatario y el siguiente en los que el inmueble esté vacío.

¿Y quiénes se pueden beneficiar como inquilinos? Pues el plan, diseñado por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, no está estrictamente pensado para familias vulnerables, sino de manera general para «cualquier sector de población que, por sus circunstancias económicas, no puedan acceder a una vivienda en alquiler a precios de mercado». Cántabros con un sueldo medio que hace unos años podían asumir sin problemas este desembolso, pero que con la escala de precios ahora tienen problemas para hacerlo. Los inquilinos pagarán como máximo el 30% de la renta familiar, por lo que se garantiza para ellos un precio de alquiler «asequible». La diferencia hasta saldar la mensualidad la asumirá la Administración regional con fondos propios de sus presupuestos y con la colaboración de distintos programas finalistas del Gobierno de España. En este sentido, entre las exigencias se encuentra que las familias estén inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma y que el inmueble «se vaya a destinar a domicilio habitual y permanente de los arrendatarios».

El vicepresidente Pablo Zuloaga, que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno anunció ayer la aprobación del decreto, recuerda que el Moviva está pensado especialmente para las zonas más tensionadas (Santander, Torrelavega y Castro Urdiales).

«La vivienda no puede ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación para la gente, disponer del acceso a vivienda es esencial para adquirir la plena condición de ciudadanos y creo que esta legislatura en una de las más activas impulsando públicas el acceso a la vivienda. Creemos que es un programa que beneficia a todos, porque como he dicho muchas veces, una vivienda vacía no vale para nada, las viviendas tienen que ser habitadas», asegura la consejera del área, Eugenia Gómez de Diego, que valora que esta movilización de vivienda vacía se hace a través de «incentivos positivos».

La consejera concreta que, una vez aprobado este decreto, el programa estará en funcionamiento en el plazo de dos meses. En ese momento se podrán empezar a firmar las primeras cesiones temporales de viviendas vacías. La socialista destaca que este plan se ha diseñado siguiendo el ejemplo de otras autonomías que ya lo tienen en marcha. Es el caso del País Vasco, donde en los primeros momentos el número de propietarios que decidieron participar no fue muy elevado. Con el paso del tiempo, al ver las bondades de la iniciativa, la cifra de inmuebles ofertados ha crecido considerablemente.

Lo que no puede concretar la Consejería de Empleo y Políticas Sociales es el número de viviendas vacías que hay actualmente en Cantabria. La última estadística data de 2011. De acuerdo a aquel censo, en la región había 47.059 pisos sin habitar, lo que suponía el 13,12% de los inmuebles totales. Esos números están desactualizados, entre otros motivos por el gran número de viviendas que se ha incorporado a la oferta de alquiler vacacional. Lo que ha hecho la Dirección General de Vivienda es realizar una estimación teniendo en cuenta los consumos de agua, que arroja que en este momento son alrededor de 28.000 los pisos vacíos que hay en Cantabria.