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En el mundo inmobiliario hay poco dato y mucha incertidumbre sobre si el programa anunciado por el Gobierno regional para mover el alquiler las viviendas vacías en Cantabria dará algún resultado. La certeza está clara: o faltan pisos, o sobran inquilinos. En Torrelavega, la vivienda ... que sale al mercado «se encuentra con entre 15 y 20 llamadas». En Castro, pasa un minuto entre el momento en que se pone el 'se alquila' y se tiene que volver a quitar y, en Laredo -si es para fijo-, al día siguiente el alquiler ya está comprometido. Con este panorama, en varias agencias inmobiliarias consultadas por El Diario hay expectación y muchas dudas sobre cómo se implantará el programa del Ejecutivo, que planea ofrecer un máximo de 600 euros a aquellos propietarios que le cedan su piso por siete años, un periodo en el que lo gestionará Gesvicán. Al cabo de este tiempo, el Gobierno garantiza la devolución tal como se lo encontró.
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Mikeli (Santander) y Look&Find (Torrelavega) son las únicas firmas que ayer no mostraron dudas: «Ojalá funcionara porque hacen falta viviendas en alquiler, pero creo que no será el caso: la medida es un remiendo», opina Galia Fuentes desde Mikeli. Leopoldo Leopoldo de Saint-Palais Martínez, desde Look&Find, también es rotundo: «Es un experimento, como otro que se hizo en 2007 que fue un fracaso total. Este también lo será».
Fuentes señala que, por lo pronto, en Santander, «el plan no servirá de nada porque no hay pisos en alquiler de 600 euros». Por este precio, «no encuentras ni un 5º sin ascensor». Así que aboga por fórmulas muy distintas, al menos en la capital. «Yo daría un incentivo al propietario que no quiere alquilar. La gente que se niega es porque se ve desamparada ante un impago y se puede permitir no sacar su vivienda. Se le animaría quitándole de pagar los impuestos de la vivienda y dándole un plus, pongamos de 300 euros. Además de unas garantías para lo demás que, en lo anunciado, no vemos».
A la portavoz de Mikeli la información del Gobierno solo le ha generado preguntas. Por ejemplo: «¿Cómo va a garantizar Gesvicán el estado de la vivienda después de siete años para que vuelva en buenas condiciones al dueño? ¿Qué seguridad tiene el arrendatario de que realmente recuperará la vivienda después de ese plazo establecido? Porque sabemos que cambia el gobierno y cambian las leyes. Y otra pregunta más: en esos años ¿quién paga los arreglos, los electrodomésticos rotos y todo lo que se estropee? Falta mucho por aclarar».
Desde Torrelavega, Saint-Palais mantiene que el problema fundamental «está en los propietarios, que no tienen seguridades a la hora de alquilar, y eso el Gobierno no lo solucionará». A ojos del portavoz de Look&Find «las medidas tienen que dirigirse a proteger a quien alquila. Este de ahora es un invento como aquel otro de 2007, cuando se creó una sociedad pública de alquiler que fue un desastre y luego desapareció. Lo que se ha difundido me parece otra barbaridad más: hay que dejar a los profesionales». ¿Le preocupa, quizá, la competencia de un Gobierno regional que se erigiría en 'alquilador'? «No, no sería una cuestión de competencia. Es que quienes conocemos el mercado sabemos que esto no ataja las desconfianzas».
No fijan posición sobre si el plan de movilización de vivienda vacía será eficaz o no «hasta que no lean la letra pequeña» en la agencia Concha Espina de Torrelavega, ni en Mi Villa de Laredo ni en la Inmobiliaria San Fernando de Santander. Desde la primera, Paqui Ramos dice que «estas cosas se lanzan y luego enseguida se diluyen», aunque no le parece mal que el Gobierno tenga una bolsa de alquileres. Desde Laredo, Ángela Gómez consideraría más apropiado «trabajar por que se estabilicen los precios» que garantizar los pagos al propietario, ya que considera que muchos «estarán reacios a ceder sus casas. En parte veo bien que se intente hacer algo: en Laredo no hay mucha oferta de alquiler y sí hay demanda, pero habría que enfocarlo de otra forma. Ahora la Ley de Arrendamientos Urbanos no da seguridades a quienes prefieren tener sus pisos cerrados».
«Para el mercado más básico», el de viviendas más sencillas, que una medida como la prevista saliera adelante «sería algo fundamental», opina Chema Gómez, de la inmobiliaria ERA de Castro Urdiales, uno de los municipios donde más déficit tienen de pisos en alquiler pese a que «hay mucha vivienda vacía que no se saca por los impagos» y es uno de los ayuntamientos que preocupa al Ejecutivo. A sus ojos, en el momento que el Gobierno garantice los cobros «me parece eficaz al 100%. No me genera dudas. Sería inmejorable».
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