El Gobierno pedirá al Estado la competencia de los ríos para hacerse cargo de su limpieza

Si hay acuerdo, Cantabria podría hacerse cargo de la gestión de las cuencas interiores que transcurran «íntegramente» por su ámbito territorial. Los que nazcan en las montañas cántabras y mueran en el mar Cantábrico, tal y como establece el Estatuto, que da a la comunidad autónoma legitimidad para asumir la «ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos» en los ríos que cumplan estas condiciones. ¿Y para qué? Entre otras cosas, para poder hacerse cargo directamente de la limpieza de los ríos y no tener que reclamar a la Confederación cada vez que se plantea una actuación de este tipo.

«Que nos transfieran la competencia del mantenimiento de los ríos con la dotación económica que se supone que habrá para ello. Quien mejor conoce cómo está el río es quien está al lado», afirmó hace ya dos años Revilla. El presidente y los alcaldes del PRC se levantaron entonces en armas contra el Ministerio -concretamente contra las confederaciones del Ebro y del Cantábrico-, al que acusaban de no hacer lo suficiente para limpiar los cauces y responsabilizaban de forma indirecta de las inundaciones por la falta de actuaciones para evitar desbordamientos.

Aunque ahora las críticas se han contenido tras la mayor implicación de los actuales gestores de los ríos fruto de la presión -la Confederación del Cantábrico destacaba esta misma semana que ha invertido 1,7 millones durante 2021 con 44 acciones en 33 municipios-, Cantabria mantiene su intención de asumir la competencia. La idea de la consejera de Presidencia, la regionalista Paula Fernández, es comenzar un trabajo «sosegado, pausado y calmado» para lograr la transferencia.

En ese camino va un paso por detrás de Asturias. Su vicepresidente, Juan Cofiño, ya ha anunciado su intención de poner en marcha la Comisión Mixta de Transferencias con el Ministerio. Utiliza el mismo argumento y también reclama que se haga con la dotación económica suficiente. Cantabria ya protagonizó en 2008 junto al Principado un diálogo con Madrid para asumir la gestión de las cuencas interiores. Había incluso fecha para cerrar el acuerdo, pero la crisis, como en tantas cosas, obligó a dejar este asunto apartado.

Para que el Estado ceda la competencia sobre los ríos no es necesario hacer ningún cambio estatutario, pero sí para lograr otras metas que se marcó Revilla el pasado 1 de febrero, en el acto del 40 aniversario de la norma. Como el presidente, el PRC ha defendido la necesidad de «avanzar en el autogobierno» por dos vías: desarrollando competencias que ya tiene pero que hasta ahora han estado apartadas, como el proceso de comarcalización y la creación del Consejo Jurídico, o consiguiendo otras nuevas.

Para esto último haría falta abrir el cajón de la quinta reforma del Estatuto, que debe hacerse a iniciativa del Ejecutivo regional o de doce diputados autonómicos. Los regionalistas querrían introducir también ahí la posibilidad de crear un Tribunal de Cuentas propio.

Casi todas las comunidades cuentan con Defensor del Pueblo propio, con un funcionamiento similar al que también existe a nivel nacional. El Estatuto de Cantabria recoge esta posibilidad, pero la Consejería de Presidencia no tiene intención de ponerlo en marcha por el momento. Como ha dicho en varias ocasiones Revilla, además del dinero que requeriría, entiende que su labor se solaparía con la del Defensor del Pueblo de España. En los últimos meses, partidos como Izquierda Unida han pedido al Ejecutivo su creación para velar por los derechos de los ciudadanos.