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NACHO GONZÁLEZ UCELAY
SANTANDER.
Miércoles, 29 de enero 2020, 07:15
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, aseguró ayer martes que el nuevo plan de derribos del Gobierno, del que ya existe un borrador, «acabará con este problema antes de que acabe la actual legislatura», cuando, conforme ... a sus cálculos, se habrán aprobado los planes ge-nerales de Piélagos y de Argoños y se habrán derribado las viviendas de Arnuero una vez construidas las de sustitución.
El consejero se pronunció en estos términos a la conclusión de una reunión mantenida con los responsables de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) cuyo portavoz, Antonio Vilela, no escondió su «gran preocupación» por la posibilidad de que en este tiempo puedan derribarse viviendas que con los nuevos planes generales podrían ser regularizables y pidió a los jueces que, además de la paciencia que han tenido con ellos, «tengan también ponderación a la hora de efectuar estas ejecuciones de sentencia».
Seguro de que la solución al problema de los derribos en Cantabria va a producirse antes del año 2023 -«es un hecho factible en el que iremos avanzando año a año», dijo- el consejero anunció a los afectados que, a lo largo de los próximos días, «el Gobierno regional va a remitir al Ayuntamiento de Piélagos la memoria ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio para que pueda aprobarlo de forma provisional».
José Luis Gochicoa, Consejero de Obras Públicas
Antonio Vilela, Presidente de AMA
Este, subrayó el consejero, es «un avance muy importante que demuestra la celeridad con la que estamos llevando a cabo el proceso de tramitación relacionado con el plan urbanístico de Piélagos».
Respecto al planeamiento de Argoños, al que también hizo alusión, Gochicoa explicó a los afectados que «estamos esperando que el Ayuntamiento remita el documento de toma en consideración de las alegaciones de la última información publica para, a partir de ahí, redactar en el menor tiempo posible esa memoria ambiental que dé posibilidad al Consistorio a aprobar provisionalmente el plan».
También, el consejero se refirió a la redacción del nuevo plan de derribos del Gobierno de Cantabria, considerado la hoja de ruta que guiará al Ejecutivo regional en su propósito de zanjar el problema de los derribos antes de 2023.
«Ya disponemos de un primer borrador de la actualización del plan», anunció a este respecto Gochicoa, que, sin embargo, no ofreció detalles del mismo.
«En los próximos días se lo entregaremos a los ayuntamientos afectados por los derribos y en cuanto esté consensuado con ellos se lo trasladaremos al poder judicial y a los afectados», indicó el consejero, que explicó que ese plan abarca toda la legislatura. «Dura hasta el año 2023, pero obviamente contiene actuaciones concretas todos los años».
Según dijo luego al hilo de esto, «el Gobierno de Cantabria quiere ir dando pasos en aquellas actuaciones para las que el plan de derribos no contemple ni siquiera la posibilidad de volver a construir viviendas en esos lugares, es decir, donde no hay más vía que el derribo de las urbanizaciones». Entendiendo que «es ahí donde debemos hacer hincapié», Gochicoa avanzó que las viviendas de Cerrias, en Piélagos, deben aparecer entre las primeras actuaciones a llevar a cabo.
Aunque, a su modo de entender, «el punto álgido de este nuevo plan será la construcción de las viviendas de Arnuero».
Ya existe un proyecto básico. «Próximamente se realizará una valoración de las viviendas de los afectados para que, con ella en su poder y junto a la vivienda de sustitución -que ya todos conocen- decidan qué alternativa consideran».
En función de su decisión se finalizará el proyecto constructivo, «que será un trámite muy breve», y se iniciaría el procedimiento de licitación, de manera que la obras estarían en ejecución a final de este año o a principios de 2021. A finales de 2022 estarían terminadas y en 2023 ya se podrían ocupar.
En su turno de intervención, el presidente de AMA, Antonio Vilela, trasladó el miedo de los afectados ante la posibilidad de que durante este proceso se puedan derribar viviendas que en los nuevos planeamientos pudieran contemplarse como urbanizables, a su juicio «un hecho absurdo».
Por eso, Vilela pidió a los jueces «ponderación» a la hora de llevar a cabo las ejecuciones de sentencia. «Si después de esperar tantos años, por unos meses van a derribar algo que ya no tiene solución, nos encontraremos ante una situación tremendamente injusta».
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