El Gobierno da el primer paso para crear el Consejo LGTBI

En el departamento dirigido por la consejera Begoña Gómez del Río aún no ha definido la composición de este órgano colegiado -número de vocalías, presidencia, secretaría...- ni el proceso de selección de los cargos ni la delimitación de sus fines y competencias. Será en una fase más avanzada de la redacción del proyecto de ley cuando queden aclarados estos detalles.

Fue en noviembre de 2020 cuando salió adelante en el Parlamento la ley que obliga a constituir este Consejo LGTBI, con el voto a favor de PRC, PP, PSOE y Ciudadanos, un consenso que solo rompió Vox, que tachó la ley de «ideológica» y que «solo busca generar discordia». Las críticas también llegaron desde los sindicatos, que la consideran una norma «de mínimos», y de la Asociación Alega, que reprochó a los partidos políticos no haber contado con ella para elaborarla.

Precisamente, el Gobierno de Cantabria ya sacó a concurso la elaboración de un estudio sobre las necesidades que tienen los mayores LGTBI, tanto los que viven en su domicilio como los que se encuentran en una residencia, por valor de 67.500 euros. El plazo para presentarse finalizó el pasado enero. Ocho empresas entregaron sus ofertas, entre ellas las universidades de Salamanca y de Valencia, pero dos meses después la Consejería sigue sin adjudicar el citado estudio.

Este contrato forma parte de las obligaciones adquiridas por Cantabria al firmar con el Estado, en octubre de 2021, un convenio para poner en marcha acciones de la Agenda 2030 y proyectos de igualdad e inclusión. De hecho, el coste total está financiado por fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El objetivo del estudio será «conocer la realidad social» de este colectivo -no especifica a partir de qué edad- y proponer recursos, servicios y programas adecuados. Además, se elaborará una guía con recomendaciones para el buen trato y cuidado de personas LGTBI en centros de día y residencias.

El plan se desarrollará durante tres años (2024-2026) y constará de informes semestrales sobre los resultados obtenidos con entrevistas a personas mayores LGTBI y profesionales de los centros. Para la adjudicación del contrato, la Consejería de Inclusión Social valorará un 70% la experiencia de las empresas y un 30% la oferta económica.