El Gobierno regional y el TSJC están «preocupados» y apelan al «diálogo»

En este contexto, la consejera de Justicia, Paula Fernández (PRC), y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, han expresado su preocupación por los efectos que está teniendo la huelga de letrados de Justicia y han apelado al «diálogo» entre estos profesionales y el Ministerio que dirige Pilar Llop para acabar con el conflicto «lo antes posible».

Así lo han hecho este martes antes de la reunión de la Comisión Mixta entre ambas instituciones, que se ha celebrado en el Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, en la que, entre otras cuestiones, han abordado las consecuencias que está teniendo en la actividad judicial de Cantabria esta huelga que se viene desarrollando a nivel nacional, y también en la comunidad, desde el pasado 24 de enero.

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La consejera ha señalado que están «muy preocupados» por el retraso de asuntos a causa de esta huelga que afecta a un servicio público como la Justicia y que, por tanto, está repercutiendo en los ciudadanos, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Fernández ha indicado que el Gobierno cántabro ya «está pensando en el día después» de la finalización de la huelga y ha mostrado su compromiso para planificar y poner los medios necesarios, en colaboración con el resto de colectivos judiciales, y hacer frente, así, a la sobrecarga de trabajo y al retraso en los asuntos acumulados por esta huelga, como ocurrió anteriormente en tiempo de pandemia.

Y es que, con datos cerrados hasta ayer facilitados a Europa Press por Julio Antolín, delegado en Cantabria del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, uno de los tres colectivos convocantes, la huelga ha provocado en Cantabria el aplazamiento de más de 600 actos que se realizan con presencia judicial bajo la fe pública de estos profesionales (juicios, declaraciones de investigados o perjudicados...).

Además, el número de demandas pendientes de repartir desde el inicio de la huelga superaba ya ayer el millar y los escritos pendientes de proveer desde entonces se ha incrementado en 2.300, sumándose a los 13.000 que había antes del comienzo de los paros.

Además de este asunto, en la reunión se ha repasado la situación y proyectos de la Administración de Justicia, entre ellos, la implementación de los fondos europeos Next Generation en la justicia cántabra, la creación de nuevas unidades judiciales y la extensión de la mediación intrajudicial en Cantabria.

Respecto a este último asunto, la consejera de Justicia ha informado del objetivo del Gobierno cántabro de extender el sistema de mediación intrajudicial a los juzgados de Torrelavega, ya implantado en varios órganos judiciales de Santander.

Según datos del último año, el pasado año se consiguió que el 30 por ciento de los asuntos que se sometieron al proceso acabaran en un acuerdo entre las partes, una estadística que ahora quiere ampliar la Consejería de Justicia en el segundo partido judicial de Cantabria másimportante por número de habitantes.

Otro de los asuntos abordados se refiere a las mejoras tecnológicas en la Administración judicial y el funcionamiento del sistema de gestión procesal Vereda.

El Gobierno de Cantabria contará hasta 2023 con un total de 7 millones provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia, cuya ejecución y desarrollo de los diferentes programas se prolongará hasta noviembre de 2025.

En esta inversión se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones, que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión procesalAvantius -denominado Vereda en Cantabria- (País Vasco, Aragón y Navarra), para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.

Por último, la Comisión Mixta entre el Gobierno Cantabria y Poder Judicial ha analizado las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.

Esta norma va a implicar, según han explicado, reforzar los medios de las Oficinas de Asistencia a la Víctima para el acompañamiento a las víctimas que lo soliciten a lo largo del proceso judicial, así como la elaboración de protocolos de detección, atención e intervención o derivación de las violencias sexuales que aseguren una actuación global,coordinada e integral de las distintas administraciones públicas.