«Los letrados cobramos el 65% del sueldo de un juez y un fiscal, y reclamamos un 85%»

-El martes se cumplen dos semanas desde que iniciaron la huelga y el Ministerio ni siquiera ha abierto una negociación. ¿Es tan descabellado lo que reclaman?

-Belén Alonso (B. A. en adelante). Para nada. Lo que estamos pidiendo al Ministerio es que cumpla los acuerdos a los que llegó en abril de 2022.

-¿Cuáles son esos acuerdos?

-B. A. Tenemos tres bloques de peticiones. El primero tiene que ver con las reivindicaciones económicas, que, por un lado, giran en torno a los grupos de población. La nómina de los funcionarios públicos está desglosada en el sueldo base y los complementos. Nuestro cuerpo es el único vinculado al Ministerio de Justicia en el que, para determinar esos complementos, se divide en cinco grupos de población. Sin embargo, el resto de cuerpos, y particularmente el de Médicos Forenses -que son del grupo A1 como nosotros- tiene tres grupos de población, que es lo que pedimos. Porque ahora, el quinto grupo de letrados cobra menos que el tercero de forenses. Además, el complemento varía en función del municipio donde trabajes. En Santander se cobra más que en Reinosa. En ese punto, el acuerdo con el Ministerio para Cantabria suponía 725 euros brutos al mes para el tercer grupo y 482 euros para el primer grupo (los de Santander).

-Además, reclaman que sus retribuciones se adecúen a las funciones que asumieron en 2009.

-B. A. Sí. A partir de ese año se nos asignan numerosísimas tareas nuevas, muchas de ellas que venían siendo competencia de los jueces y los tribunales. En un primer momento aceptamos posponer esa retribución porque estábamos en el peor momento de una crisis económica. Pero han pasado 13 años y entendemos que se tiene que materializar. En esos acuerdos de abril de 2022 se nos ofrece equiparar nuestro salario al 85% de lo que perciben jueces y fiscales, que son los otros cuerpos del grupo A1 que prestan sus servicios para la Administración de Justicia. Y eso es lo que pedimos que se cumpla, porque ahora estamos en un 65%.

-¿Y cuánto cobra de media un letrado de Justicia?

-B. A. El sueldo no es el mismo en todas las comunidades autónomas. En Madrid y Barcelona ganan más. Pero aquí el sueldo de un letrado de tercera, sin complementos, ronda los 1.800 euros mensuales cuando ingresa en el puesto (muestra una nónima anonimizada).

-El secretario de Estado dice que ustedes cobran entre un 79% y un 140% más que otros funcionarios de la Administración de Justicia de los mismos niveles; una cifra a la que, dice, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios. Además, asegura que verán incrementado su salario en un 14% en los próximos tres años. ¿Esto es así?

-B. A. No. Nosotros percibimos el 65% de lo que cobran los funcionarios de nuestro nivel en los Juzgados, que, insisto, son los jueces y los fiscales. Y el aumento que hemos tenido procede, en primer lugar, del incremento que han tenido todos los funcionarios de Justicia y los funcionarios, en general. Y ese aumento fue negociado por los sindicatos en noviembre de 2021 a nuestras espaldas, para dar hipotéticamente cumplimiento a una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que obligaba al Gobierno a retribuir nuestras nuevas funciones, pero que resultó ser una cantidad irrisoria y únicamente 10 euros superior a un aumento que se da a los del grupo A2 (inferiores a nosotros), sin ningún tipo de incremento de funciones.

-Además de una mejor retribución tienen otras reivindicaciones, ¿no?

-B. A. Sí, hay una serie de demandas de carácter estatutario. Aquí hay un montón de peticiones: que no se fuerce a los letrados a realizar sustituciones de forma involuntaria y no retribuida, que se convoquen oposiciones de forma regular como en el resto de cuerpos de nuestro entorno, y que se saquen todas las plazas que hay porque existe una enorme falta de compañeros titulares y provoca todos estos problemas de sustitución. Y luego tenemos otra reivindicación importante, que es participar en la negociación colectiva. No nos sentimos representados por los sindicatos. Tan solo hay que ver como desde que hemos iniciado la huelga no hemos recibido ningún apoyo por parte de los sindicatos. Y ni siquiera han hecho un comentario al respecto. Hacen el paripé de negociar por nosotros con el consentimiento del Ministerio y queremos tener un ámbito particular de negociación.

-Hemos hablado de sus demandas, pero ¿cuáles son las funciones que desempeñan para equiparse casi a jueces y fiscales?

-Julio Antolín (J. A.). El letrado de Administración de Justicia es la persona que dirige la oficina judicial desde el punto de vista técnico y procesal. Y eso supone que tiene que dar las órdenes e instrucciones de todos y cada uno de los trámites procesales que se den en cada uno de los procedimientos de las diferentes jurisdicciones. Además, es el titular de la fe pública judicial, el que tiene que dar fe de todos los actos que se realicen en presencia de jueces. También dirige la cuenta de puestos y consignaciones del juzgado (donde se efectúan los ingresos de los justiciables), y, sobre todo, es el encargado de expedir los mandamientos de pago. Asimismo, no solo autorizamos los actos de los jueces, sino que también casa y divorcia y, como algo fundamental, se encarga de que se ejecuten las resoluciones judiciales.

-El colapso de la Administración de Justicia cada día es mayor. ¿Hasta dónde se puede tensar la cuerda?

-J.A. Hasta que lo decida el Ministerio de Justicia. La titular (Pilar Llop) está desaparecida, no ha hecho ninguna manifestación y el problema es que los asuntos siguen entrando, pero no salen. Los señalamientos están previstos pero no se pueden celebrar. Desde que arrancó la huelga se han suspendido unos 600 actos procesales, se han dejado de tramitar unas 900 demandas y hay unos 1.800 escritos sin proveer, a los que hay que añadir los 13.000 que ya había previamente pendientes.

-¿Por qué no se sienta a negociar el Ministerio?

-B. A. Están mostrando una actitud de soberbia. El secretario de Estado empezó con unas palabras desafortunadas y está en una posición difícil de ceder. La realidad es que en Cantabria está todo prácticamente paralizado, la situación es gravísima y la actitud del Ministerio es incomprensible porque ni tan siquiera han convocado una sola vez al comité de huelga. La situación es absolutamente absurda, aunque lo que pedimos es lo que ya tenemos acordado. Y luego estamos sorprendidos porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos ha trasladado que espera que se alcance una solución negociada. Sin embargo, el Ministerio no da respuesta a su propio jefe y no nos ha convocado para negociar.

-J.A. También creemos que la situación es incomprensible porque los colegios profesionales, de abogados y procuradores, ya se han manifestado instando al Ministerio a que negocie y se pare esta situación insostenible.

-¿Cómo están acogiendo la huelga el resto de sus compañeros: magistrados, fiscales, funcionarios...? ¿Y la ciudadanía?

-B. A. Entienden nuestra posición y están de acuerdo, pese al perjuicio que les estamos causando. Somos conscientes de que estamos causando mucho perjuicio a mucha gente y lo lamentamos mucho porque no era nuestra voluntad. De hecho hemos esperado 13 años para tomar una medida tan drástica como esta, pero la gente que trabaja con nosotros entiende que no teníamos otra salida.

-J. A. Para la gente es un trastorno la situación en la que nos encontramos. Pero no se ha producido ningún altercado y la ciudadanía lo está aceptando bien, en general.