Gobierno y sector de la dependencia acuerdan favorecer la mejora de salarios de los trabajadores

Esta modificación de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria se quiere llevar a cabo a través de una proposición de ley a la Mesa de los grupos de la Cámara regional, un trámite que podría durar «dos meses».

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), junto a representantes de las diferentes patronales y sindicatos del sector tras llegar a este acuerdo en una reunión previa celebrada esta mañana en la sede del Ejecutivo regional.

Álvarez ha explicado que todas las partes comparten de forma «unánime» la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector, unos 5.000 en Cantabria, algo que desde la Consejería apoyan al «1.000 por 1.000».

La consejera ha señalado que esta modificación legislativa que «blinde» que, «por imperativo legal», cualquier subida salarial a los trabajadores que acuerden los sindicatos y las patronales vaya acompañada de una subida en el precio de las plazas concertadas -unas 7.000-, es una «buena propuesta» y una medida de «presente y futuro» para el sector de la dependencia y la discapacidad.

De esta manera, se quiere que el Gobierno no sea «un freno» a la hora de mejorar las condiciones de los trabajadores del sector, que, según han reconocido todas las partes, son de los que «peores» las tienen.

Y es que, a su juicio, una mejora de los salarios de los trabajadores puede contribuir a la «profesionalización» del sector, a «retener el talento» y, con ello, a prestar una atención a la dependencia y a la discapacidad «de calidad y centrada en las personas» como es la que, según ha dicho, defiende Cantabria.

Tanto los representantes de los sindicatos y de la patronales han agradecido al Gobierno su «disposición» y el trámite planteado para sacar adelante esta modificación legislativa.

Los representantes de las patronales han señalado que se trata de una reivindicación que se lleva planteando casi una década y que, a su juicio, puede ser un «revulsivo» para mejorar las condiciones de los trabajadores.

A la reunión han asistido representantes de las federaciones de Dependencia (FED y LARES), de discapacidad (CERMI y Plena Inclusión) y de los agentes sociales (CEOE-Cepyme, CCOO y UGT).