El Gobierno tiende la mano al sector y propone suspender la norma que acredita a las residencias

La suspensión la ha anunciado este martes la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, tras una reunión con representantes de entidades del sector para hablar sobre el decreto aprobado la pasada primavera. Según ha explicado Álvarez, la propuesta es suspender el cronograma pendiente para la aplicación de este decreto, del que hasta ahora han entrado en vigor los precios públicos y las ratios.

El objetivo, ha subrayado, es llegar a un consenso sobre la normativa de acreditación, con el 30 de junio del año próximo como horizonte para cerrar la negociación, y «el ánimo de trabajar conjuntamente por y para los servicios sociales y su desarrollo presente y futuro».

La normativa en el centro del debate incluía los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, así como los criterios y el procedimiento de acreditación, con las nuevas ratios de trabajadores que se exigen. En ese momento también se aprobó el decreto que actualizaba los precios públicos por plaza concertada, que conllevará un 10,54% más de inversión pública. Aunque a finales de 2017 la Administración negoció un acuerdo con las empresas proveedoras de servicios a personas mayores, englobadas en las entidades FED, PAD y Lares, el diálogo se rompió y la implantación del nuevo sistema llegó sin el respaldo del sector empresarial y tampoco del de la discapacidad.

Con la propuesta que el Gobierno ha hecho hoy al sector quedarían en suspenso las obligaciones que tenían que cumplir los centros a partir del 2 de noviembre pero se mantendrían los precios públicos y las ratios, que ya se cumplen.

Reabrir el diálogo con la patronal de la dependencia fue uno de los primeros anuncios de Álvarez cuando presentó su equipo que dijo iniciar su mandato dispuesta a buscar «un punto de entendimiento» y reconducir las relaciones con sus socios de concierto, que tienen a su cargo a más de 5.000 dependientes en centros de día y residencias.

Hoy, la consejera ha destacado que avanzar en la mejora de la calidad de los servicios sociales es una prioridad para el Gobierno de Cantabria pero considera que para conseguir esa mejora es necesario un consenso que dé «estabilidad y una visión de luces largas».

Ha apuntado además que en estos últimos meses se han producido una serie de circunstancias que pueden contribuir también a generar inseguridad y a aumentar las dificultades de los centros a la hora de cumplir la normativa, como la aprobación del convenio colectivo de la discapacidad, de ámbito nacional.

La asociación de residencias Lares ve positiva la propuesta de la Consejería porque se mantienen los precios y los ratios, que ya se cumplen porque de lo contrario los centros no podrían funcionar, mientras se suspende el resto de la normativa, con lo que se abre «un nuevo camino de diálogo y trabajo conjunto» que había quedado roto, ha señalado Gema de la Concha, representante de esta organización.

Preguntada por la posibilidad de que el recurso contra el decreto sea retirado, no lo ha descartado pero ha dejado claro que ahora no es el momento de tomar una decisión en ese sentido. La Consejería les ha planteado crear grupos de trabajo para empezar a trabajar a partir de noviembre en la reforma de una normativa que, sobre todo, ha generado «inseguridad jurídica» en el sector e incertidumbre, ha apuntado.

«No puedes hacer una norma dejando expresiones como una atención adecuada, se promoverá, se potenciará, se intentará..», ha criticado.

De la Concha ha defendido que las residencias necesitan saber con seguridad qué tienen que hacer y el marco jurídico en el que se desenvuelven . «Los usuarios desde luego tienen que tener todos los derechos pero nosotros también tenemos que tener garantías», ha añadido.

Para el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) de Cantabria, Rubén Otero, el ofrecimiento de la Consejería es «muy positivo» porque, a su juicio, mantener ratios y precios es «no perjudicar a los usarios» y posponer el resto a junio abre la posibilidad de negociar una nueva normativa que permita «trabajar para los usuarios, los trabajadores y los prestadores de servicios».

El director de la Obra San Martín, Juan Fernández, ha agradecido el «esfuerzo» de la Consejería por tratar de buscar una solución a la «grave situación» de los centros de atención a la dependencia y la discapacidad, intentando que su trabajo sea viable, porque detrás, ha recordado, hay un gran número de usuarios, de familias y de profesionales.

Ha expresado además su confianza en que el tiempo que queda hasta el mes de junio se pueda sacar adelante una norma de acreditación que posibilite «el consenso de todas las partes implicadas».

El CERMI, sin embargo, ha planteado que, según sus servicios jurídicos, hay una tercera vía, una alternativa a la derogación o a la suspensión del decreto y reunirá esta tarde a su comité ejecutivo para tomar una decisión, que comunicará mañana mismo al Gobierno.

Así lo ha señalado, Ignacio Fernández Allende, representante del comité, quien, no obstante, ha valorado «muy positivamente» que el sector se haya podido sentar con la administración para «reformar una norma que no se ajusta a sus intereses».