Gochicoa pide unidad para el plan de derribos, al que hay que dar «un arreón»

Este proyecto aspira a poder mantener 367 viviendas y no ve más opción que la piqueta en el caso de otras 162: 102 de la Playa de La Arena en Arnuero, 17 de Cerrías en Piélagos, 11 de Argoños y 32 de Las Torres en Escalante. A esa cifra habría que añadir cuarenta pisos más que ya han caído en la Playa de La Arena.

La Consejería espera que gran parte de las casas se puedan salvar con la revisión de los planes generales de Argoños y Piélagos, que concentran un elevado número de viviendas ilegales y, actualmente, la previsión es que los nuevos planeamientos de esos municipios puedan estar para finales de 2020 o en los primeros meses de 2021.

«Vamos a coger el toro por los cuernos», ha asegurado Gochicoa, después de escuchar a algunos grupos parlamentarios, Cs y el PP, que han criticado la falta de respuesta de las administraciones a los afectados y todo el tiempo que se ha dilatado este problema. El consejero quiere «hacer todo lo posible» para acelerar la solución, que en gran medida depende de los jueces y magistrados, que tienen la última palabra en cuanto a la ejecución de las sentencias. También los ayuntamientos son «piezas clave», porque deben agilizar en los que puedan las tramitaciones de sus planes generales, ha agregado, una gestión en la que la Administración regional también juega su papel.

En sus intervenciones, el PRC, el PSOE y Vox han felicitado al consejero por su trabajo, pero el PP y CS han sido más críticos y han avisado del riesgo de que el plan se quede en «papel mojado». Ciudadanos ha lamentado que el proyecto no ofrece «nada concreto».

El grupo popular ha recalcado que, en conjunto, pese a algunos pasos que se han dado en 20 años, el comportamiento de las administraciones en este asunto ha sido «muy lamentable». El portavoz de PP, Íñigo Fernández, ha afeado al consejero que «básicamente lo que ha contado hoy es el plan de 2011».

El consejero ha negado que esto sea así. Aunque se hayan basado en aquel documento, ha explicado, el actual plan es más concreto y está «mucho más desarrollado», con «hitos», con presupuesto y plazos, ha afirmado. «Es fácil de seguir y si en un año no se ha conseguido podrán ponerme la cara roja», ha respondido.

También ha opinado que «no es justo» que la gente piense «que no se ha hecho nada» para resolver este problema, porque se han formalizado convenios, se han derribado casas en Arnuero y en Piélagos (las que estaban en construcción en el Alto del Cuco), y se está impulsando el proyecto de viviendas de sustitución de Bocarrero.

De cualquier modo, el consejero entiende que los afectados tengan una sensación de «incredulidad» hacia las administraciones porque «no ven resuelto su problema».

Gochicoa ha explicado que el nuevo plan de derribos prevé más de 23 millones de gasto hasta 2023, tanto por el pago de indemnización a afectados como por las demoliciones, la construcción de casas de sustitución y los proyectos de restauración ambiental como el de la playa de La Arena, en Arnuero.

De esos 23 millones, la mitad aproximadamente será para pagar indemnizaciones a los propietarios y la otra mitad para derribos y construcción de viviendas de sustitución.