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El Ministerio de Vivienda ha puesto en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de declarar ciudades o barrios como zonas tensionadas, el paso previo para regular los precios del alquiler. Por ahora, solo Cataluña ha dado el paso y otros tres territorios (Asturias, Navarra ... y País Vasco) han manifestado su intención de seguir este camino. No así Cantabria, cuyo consejero de Fomento, Roberto Media, descarta esta posibilidad. «Bajo ningún concepto», afirmó rotundo el pasado jueves el popular, ya que el Gobierno regional entiende que esta herramienta tendría un efecto contrario al deseado. En su opinión, esto ya ha quedado demostrado en el pasado en Barcelona y capitales europeas como Berlín.
Aunque el Ministerio ha animado a los territorios a utilizar esta opción, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, reconoce que la declaración de zonas tensionadas es «una de las herramientas que el Gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas para tratar de facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, y son estas quienes deciden si aplicarla o no». Es decir, que «respeta» la posición del Ejecutivo de Buruaga, aunque la socialista sí ha aprovechado para lamentar que el consejero de Fomento «banalice algo tan serio como es el problema de acceso a la vivienda». Lo dice en referencia a las palabras de Media en las que afirmaba que este tipo de intervenciones en el mercado era propio de «países comunistas», pero que Cantabria «no es Cuba».
Más dura que la delegada del Gobierno han sido desde otros partidos a la izquierda del PSOE, que critican tanto el fondo como la forma. «La distancia entre quien gobierna y la necesidad real de acceso a la vivienda de la mayoría se demuestra con declaraciones caducas y frívolas como la del consejero. No hace falta irse a Cuba. El conocido sistema comunista bruselense está más cerca», afirma el portavoz de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, que pone el ejemplo de Bruselas. «Pues nada, que tenga vivienda solo quien se lo pueda permitir y al resto que le den. Es lo que se hace en Cantabria. ¡Vaya nivel y qué años nos esperan!», añadía desde Cantabristas su líder, Paulu Lobete.
Al mismo tiempo, Gómez de Diego recuerda a Media la intención del Gobierno de Sánchez de convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar y el «notable aumento»de las transferencias finalistas para estas políticas a las autonomías.«Cantabria ha recibido 115 millones de euros del Gobierno de España. Además la pasada legislatura doblamos el número de viviendas del parque público mediante adquisiciones, que es algo que se le olvida Media», respondió la delegada al consejero, que había echado en cara al PSOE que en la pasada legislatura no se construyera ni una nueva sola vivienda de protección.
Desde el PRC no se han pronunciado sobre la decisión del PP en relación a las zonas tensionadas, pero sí que piden, dentro de la proposición de ley que se debatirá en el Parlamento y que reclama una Ley de Juventud de Cantabria, que se reserve para los menores de 35 años un porcentaje mínimo de las ayudas al empleo y también de las viviendas del parque público (el 25%).
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