El fin de las grandes restricciones abre una nueva etapa en la lucha contra el covid en Cantabria

Desde el levantamiento del estado de alarma, el pasado mes de mayo, la falta de un marco jurídico claro y general ha dificultado la estrategia para que las comunidades autónomas plantaran cara al coronavirus, con un marcado protagonismo de los tribunales superiores de Justicia, que han condicionado la aplicación de limitaciones por parte de las autoridades sanitarias.

En Cantabria, concretamente, han sido los jueces quienes han forzado este cambio de escenario, aceptado a regañadientes por la Consejería de Sanidad, que parecía trabajar con otros plazos. Así lo reconocían sus responsables cuando los recursos de la Asociación de Hostelería invalidaron el semáforo covid, acorde al cual se imponían las limitaciones que regían la vida en cada municipio: ese paso estaba previsto, pero para más adelante. Algo similar ha sucedido ante el atropellado final del toque de queda por ayuntamientos, anunciado cuando se agotaba el plazo para solicitar su prórroga. El consejero, Miguel Rodríguez, avanzó unos días antes que su departamento estaba diseñando una nueva resolución con medidas más laxas sostenida por el avance de la campaña de vacunación. Tanto en uno como en otro caso, Sanidad ha mostrado su contrariedad por el obligado cambio de planes, aunque sin una crítica clara al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). De hecho, tampoco ha dado la impresión de que quisiera ir mucho más allá en la defensa de sus planteamientos.

En lo que respecta al semáforo covid, sus últimas actualizaciones semanales fueron anuladas al no incluir en los cálculos de la incidencia acumulada a la población flotante que disfruta del verano en las distintas localidades de la región, un indicador básico para establecer los niveles de riesgo: que se tarde un mes en obtener la estimación de ese incremento en el número de habitantes resulta llamativo; en todo caso, en una semana resultará innecesario este dato ante la más que previsible marcha de turistas y la incidencia acumulada recuperará exactitud, si ese es el problema. También sorprende que Sanidad haya desistido de solicitar una nueva prórroga del toque de queda en los municipios más comprometidos por el covid por disponer de solo seis días en la última ampliación -en vez de los catorce requeridos-, aduciendo falta de tiempo para planificarla. Posiblemente en ambas decisiones hayan pesado no solo los autos judiciales que no han atendido sus peticiones, sino también el comprobar cómo la mayor parte de los pronunciamientos de tribunales superiores de otras regiones sigue una línea parecida.

El propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, más receptivo a las demandas de los hosteleros tras sufrir en sus carnes el acoso del gremio, ha aludido en repetidas ocasiones a ese supuesto cambio de ciclo, a veces oponiéndose a las propias decisiones de su Gobierno. «Esto no tiene marcha atrás, porque los tribunales no están por limitar más libertades, que ya han estado restringidas. En un Estado de Derecho hay más enfoques que el sanitario, y los tribunales de Justicia pueden entender que más allá de criterios sanitarios no se pueden vulnerar determinados derechos de los ciudadanos».

Para el consejero de Sanidad, todo esto constituye una triple derrota, tras perder el pulso con los hosteleros, comprobar cómo los tribunales enmendaban su plan contra la pandemia y ceder y dejar que Revilla impusiera su punto de vista. Eso sí, puede anotarse un triunfo por el rechazo del TSJC al recurso contra el cierre del ocio nocturno.

Si se atiende a las últimas decisiones judiciales, puede considerarse arriesgada la apuesta del departamento que dirige Miguel Rodríguez por el pasaporte covid, llamado a jugar un papel fundamental en esta nueva fase que ahora comienza. Tal y como señaló esta misma semana, la resolución que se viene diseñando y que en breve verá la luz contemplará menos limitaciones para la población vacunada, de forma que «aquellos ámbitos a los que acuda población con certificado de vacunación puedan tener mayores aforos o menores medidas restrictivas que si no fuera así».

La decisión del Tribunal Supremo, que no ha permitido que el certificado covid se emplee como carné de discoteca en Andalucía -en realidad, se ha opuesto a que sea obligatorio presentarlo en toda la Comunidad ante la falta de suficiente justificación-, se suma a otros reveses judiciales que el pase sanitario viene cosechando, por diversos motivos, en los últimos tiempos. Después de que los jueces tampoco hayan aceptado su uso en la pionera Galicia, por defectos en su tramitación, solo Cantabria lo mantiene en vigor como salvoconducto al interior de los locales hosteleros cerrados; claro que, al estar todos abiertos, no resulta muy útil.

Baleares sí ha conseguido el respaldo a esa utilidad alternativa, aunque limitada al acceso a residencias de mayores y actos multitudinarios. Ni siquiera el Gobierno español ve muy claro que pueda servir para franquear el paso en determinados establecimientos, pues, según declaró la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se estaría «estigmatizando» a la población joven que todavía no está vacunada.

Claro que todo lo anteriormente dicho hay que ponerlo en contexto con la evolución de la pandemia que, a juzgar por la calma con que está reaccionando Sanidad, ha de ser positiva. El director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, así lo reconoce, aunque con las lógicas reservas. «Cuando pedimos el toque de queda por primera vez en esta quinta onda, todos los indicadores estaban empeorando, y en esta última prórroga veíamos algo de luz al final del túnel: en comparación, la hospitalización era similar, pero se veían algunos indicadores que mejoraban en la transmisión comunitaria, y esa evolución se está manteniendo. Estamos en un descenso, pero hay que ver hasta cuándo va a durar, porque no estoy seguro de si esto va a bajar mucho y siempre puede haber un resurgimiento».

El seguimiento de la situación sanitaria en la región señala también hacia una mejora. «Eso lo miramos todos los días: los municipios con niveles altos de transmisión comunitaria van disminuyendo bastante. Ahora mismo tenemos en el radar alrededor de 22. Tienen niveles muy altos e incidencias muy altas, pero la tendencia general va mejorando».

Lo que no admite discusión es la marcada diferencia de esta quinta ola de la pandemia, en la que se ha dejado sentir con claridad el efecto de la campaña de vacunación, respecto a las anteriores. Si desde su inicio, el 16 de junio, acumula más de 12.500 casos (cerca de la tercera parte de los registrados desde el comienzo de la crisis sanitaria), la proporción de enfermos que han precisado hospitalización, y la de los que han fallecido, es mucho menor que en repuntes anteriores: antes, un 10% de los infectados necesitaba ingreso, y ese porcentaje ha bajado ahora a la mitad. En cuanto a la letalidad, que en los primeros momentos llegó a alcanzar el 9% (cuando apenas se conocía la enfermedad y se ignoraban los casos asintomáticos), se situó después en torno al 2%; hoy, con la quinta ola en descenso pero aún activa, la tasa, que todavía ha de aumentar, es del 0,16%.

La explicación es clara: los jóvenes, el colectivo que concentra el mayor número de contagios, tiende a superar el covid sin mayores complicaciones; ahora que el virus, al circular con más intensidad, termina afectando también a las personas mayores, es previsible un incremento de los casos graves y de los fallecimientos.

Justamente estos contagios entre la gente mayor, vacunada y teóricamente protegida contra el coronavirus, alimentan las dudas sobre la conquista de la inmunidad de grupo. «Es un sueño -zanja el doctor Wallmann-, ya nos podemos despedir de la ilusión de que va a haber una inmunidad de grupo perfecta, y eso tiene que ver con la aparición de la variante Delta y su gran contagiosidad».

Si es cierto que el número reproductivo de esta mutación del virus es de nueve, la protección que ofrece la vacuna, hasta un 80%, no es suficiente para frenarla en seco. «Tiene que compensarse con medidas no farmacéuticas, o con un comportamiento que dificulte la transmisión. Siempre va a haber pequeños brotes, personas que se van a poder infectar».

Eso también explica lo que está sucediendo en las residencias de mayores, una situación «esperable», para el director general de Salud Pública, dado que la vacuna puede perder efectividad en personas de más edad y habida cuenta de que el suero no es esterilizante. «Eso no significa que la vacuna no sirva para nada, al contrario: por eso es más necesario que se vacunen todos, para sacar el máximo provecho a ese 80% de protección que ofrece».