Los grupos permiten tramitar la Ley de Simplificación del PP antes de introducir «enmiendas profundas»

Tras la defensa a ultranza de la norma por parte del Gobierno tras casi un mes de asedio de toda la oposición en bloque tanto por las formas –la creación de una 'ley ómnibus' que cambia de golpe una veintena de normas autonómicas– y el fondo –entienden que hay muchos ámbitos en los que se puede simplificar en los que no se entran y en cambio se tocan cosas que no tienen nada que ver–, la consejera Isabel Urrutia reconoció que el articulado «se puede mejorar, claro que sí». Aunque durante la elaboración ya se introdujeron aportaciones de entidades públicas y privadas, la popular entiende que los partidos pueden profundizar en ese trabajo ahora que el Gobierno ya «ha cumplido con uno de nuestros compromisos de legislatura», el de redactar la ley.

Urrutia defendió que la Ley «simplificará y mejorará las relaciones de empresas y ciudadanos con la administración. Una administración más moderna, ágil y eficiente». «El Gobierno tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés», resumió la consejera. En su opinión, con la extensión de la figura de la declaración responsable, que por ejemplo permitirá a un negocio empezar a funcionar desde que solicita la licencia sin esperar los ocho meses que ahora se tarda de media en concederse, «se cambia de paradigma» y se pone las bases de «una administración que confía en el ciudadano y en la iniciativa privada. Que pasa de ser controladora y paternalista a facilitadora».

Desde el PSOE, Pablo Zuloaga explicó que su formación quiere que Cantabria tenga una Ley de Simplificación, pero que quiere «una buena ley y no esta, que tiene impactos negativos severos». Además de lamentar que el PP vetara la participación de distintos colectivos durante el periodo de comparecencias, que organismos como el Consejo Económico y Social la califiquen como «una oportunidad perdida» y que existe el riesgo de que sea inconstitucional por invadir competencias del Estado y de los ayuntamientos, puso el acento en los cambios urbanísticos, que entre otras cosas permitirán la construcción de viviendas libres –no solo unifamiliares– en suelo rústico. «El Gobierno ha hecho la ley y ha hecho la trampa. Tiene que explicar por qué tantas prisas. Por qué prisas para hacer trampas para que los especuladores ganen dinero destrozando el paisaje», concluyó Zuloaga, que avanza que serán las familias y los ayuntamientos los que vuelvan a pagar las facturas cuando la justicia diga que se ha construido de forma ilegal y que la norma simplifique para los especuladores, pero no en trámites como los de las prestaciones de la Ley de Dependencia.