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Guillermo Blanco –y el ala regionalista del Gobierno– tenía un objetivo en su comparecencia ante los medios en Peña Herbosa. Subir el tono en la polémica con el lobo y ofrecer una imagen de unidad con el mundo rural. Anunció que volverán «a emitir resoluciones ... de control en zonas concretas». O sea, autorizaciones para cazar un número determinado de ejemplares. Todo, pese al reciente auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior que aceptó la medida cautelar solicitada por el colectivo ecologista Ascel para paralizar las resoluciones. Dijo eso y repitió el argumentario que lleva meses defendiendo. Pero, más allá de esa novedad, el consejero de Desarrollo Rural puso el listón de la crítica al Ejecutivo central algo más arriba. Con tintes políticos. «La Audiencia Nacional nos tendrá que dar la razón y, si no, tendremos que cambiar este Gobierno (el central) lo antes posible». Todo, sin olvidar que quién gobierna en España (el PSOE) es el partido con el que el PRC gobierna en Cantabria. Y que no queda mucho para las autonómicas.
Blanco compareció junto a Antonio Lucio y Beatriz Fernández, los directores generales de Biodiversidad y Ganadería. Y más. Tras el atril desde el que habló el consejero posaban los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias, de las asociaciones de distintas razas de ganado, de la Federación de Municipios o de los grupos de acción local de la región. Primer mensaje: imagen de unidad. Luego empezó a hablar del «respeto» a la acción de la Justicia. Respeto, sí. Pero el consejero aseguró que ese auto no entra al fondo del asunto y ponderó el voto particular emitido por una magistrada. «Ni el auto ni el voto particular ponen en duda los datos de los daños ni el procedimiento seguido». A su juicio, se limita a aceptar las medidas cautelares, pero sin decisión definitiva. Sin sentencia. Por eso, dijo que, aunque «los jurídicos» analizarán el auto, en principio volverán a emitir resoluciones. Otras nuevas, para otras zonas.
A partir de ahí, denunció los intentos de «amedrentar» a los técnicos y a los agentes del medio natural (habló de mensajes en esta línea en las redes sociales) y dijo que la gestión del lobo se ha «judicializado», como consecuencia –con ironía– del «espléndido plan del Gobierno». Ahí sacó la artillería. «Las críticas a Ribera (la ministra para la Transición Ecológica) las tenemos que extender a Planas, el ministro de los ganaderos».
Criticó, de hecho, la postura del alto cargo socialista en el último encuentro europeo (dijo que era una pena sentirse representado por el ministro de Austria más que por el de españa) y reiteró que siguen esperando «informes» y «respuestas» desde Madrid. Los que llevan pidiendo «hace meses». Y apuntó más alto. «Seguiremos desarrollando el Plan de Gestión del lobo en todo lo que no se oponga al marco legal actual hasta que cambie ese marco o haya un cambio de Gobierno», dijo primero. Luego fue aún más claro: «La Audiencia Nacional nos tendrá que dar la razón y, si no, tendremos que cambiar este Gobierno (el de Madrid) lo antes posible».
¿Y qué piensa de eso su socio de Gobierno en Cantabria? «Acabo de salir del Consejo de Gobierno y nunca ha habido una discrepancia al respecto. Más allá de que estemos en la 'berrea' por las próximas elecciones, salvo un diputado del PSOE que ha manifestado su postura, con los socios del Ejecutivo no ha habido un solo matiz», respondió.
Del mismo modo, también descartó la vía del acuerdo con los conservacionistas, una alternativa que ayer ponían sobre la mesa desde el sindicato UGAM visto el resultado del auto y como alternativa al sendero judicial. Blanco recordó que es «la primera vez que el TSJC» anula las resoluciones («de varapalo, ninguno») y estimó que «no hay capacidad de diálogo por una de las partes». «Si no la hay con el Estado, menos con sus socios conservacionistas. Sólo hay quedarse una vuelta por las redes sociales y ver y escuchar cómo comentan las noticias». A la vista de esto concluyó que es «muy improbable que Ascel crea que una herramienta de control de la población sea una posibilidad».
Preguntado por la querella interpuesta contra él y contra el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, Blanco aseguró que no tienen «ningún miedo». «Los tribunales no me causan temor, para mí son, al contrario, una garantía», dijo el consejero, que insistió en el relato de los intentos de amedrentarle a él y también a los funcionarios. «No me van a amedrentar. Y si algún día tengo que dejar esto por una sentencia, me iré tranquilo». A su juicio, está haciendo lo que tiene que hacer. «Yo por la autovía voy por la derecha», ironizó.
En paralelo a seguir intentando ese control poblacional de los lobos, el consejero aseguró que el Ejecutivo regional seguirá adelante con las medidas de su plan de gestión. El pago de indemnizaciones, por los daños, las ayudas para compra, alimentación y mantenimiento de perros o las ambientales, citó. De hecho, en referencia a estas últimas, anunció que modificarán las zonas en las que son efectivas puesto que «el lobo ocupa otros espacios».
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