Hacienda descubre en Luxemburgo otras tres cuentas del entramado familiar del funcionario

Eso es lo que se desprende del análisis patrimonial elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT). Son cuatro cuentas diferentes -hasta ahora se había hablado de un único depósito- a nombre de cada uno de los miembros del entramado familiar: el propio Diez, su mujer Beatriz del Río y sus dos hijas Cecilia y Sofía, de 22 y 20 años. Cabe recordar que todos ellos tenían un papel en el supuesto proceso de blanqueo de capitales diseñado para dar apariencia de legalidad a los pagos de las compañías implicadas. Pagos de las cuatro empresas que están ahora bajo investigación -Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad- y de las otras diecinueve que, según los investigadores, también 'trabajaron' con el funcionario de Obras Públicas entre 2003 y 2011, aunque en este caso los posibles delitos ya habrían prescrito, a juicio de la propia Agencia Tributaria, que detalla estos pagos.

Los agentes que han analizado la documentación entienden que, en ambos periodos, el 'modus operandi' del principal implicado sería el mismo: el pago de «comisiones ilegales» a la mujer del funcionario -bien directamente o bien a través de alguna de las sociedades creadas para tal fin- en contraprestación a la «participación interesada» de su marido, a través de informes y dictámenes técnicos, en la adjudicación de contratos de la Administración en favor de estas empresas.

Las cuatro cuentas bancarias de Mirabaud, entidad con sede central en Suiza y cuyas dos únicas oficinas en España se encuentran en Madrid y Barcelona, están activas desde 2020. De ellas solo se conoce el número de cuenta y el titular de las mismas, «ignorando por el momento el saldo que puedan tener cada una de ellas». Descubrir el montante total es una de las vías de investigación que continúan abiertas.

Esas cantidades se sumarían a los 3,6 millones de euros en activos financieros dentro de España a los que el entramado familiar trató de dar apariencia de legalidad y al patrimonio inmobiliario, que es de otros 1,1 millones de euros. En el caso de las viviendas, Hacienda destaca que para el cómputo de esa cantidad no se ha tenido en cuenta el valor de los inmuebles adquiridos antes de 2003 -cuando supuestamente arrancan las mordidas-, ni tampoco los procedentes de herencias, ya que lo que le interesa a la Agencia Tributaria es «analizar la evolución del patrimonio desde el momento en que se detectaron ingresos de empresas adjudicatarias de obras públicas en las rentas de los investigados». Y lo que queda claro es que «existe una clara diferencia entre los importes de renta obtenida y el importante aumento del patrimonio familiar durante el periodo investigado, incrementos de patrimonio que no parecen estar justificados en función de las rentas declaradas».

Así, la foto fija a 1 de enero de 2022 mostraba un patrimonio total -entre efectivo e inmuebles- del «grupo familiar» de 4,8 millones de euros. Es decir, que con los sueldos declarados no se explica tales niveles de riqueza. Porque el patrimonio total parte de 162.000 euros en 2003, crece hasta los 4,6 millones en 2012 y a partir de ahí se estabiliza. Se aprecian algunos pagos dudosos en 2015, pero la supuesta actividad irregular se reactiva a partir de 2019, cuando Diez es ascendido a jefe de servicio de Carreteras Autonómicas.

En ese periodo hay variaciones en sentido positivo o negativo por los movimientos que se realizan en todas direcciones. Entre las empresas constituidas supuestamente para la ocultación del capital y tratar de justificar las mordidas (Zakescur entre 2007 y 2015 y a partir de 2021 Parivara Lagani, la empresa de reprografía sobre la que no hay constancia que hiciera ni una sola fotocopia), los cuatro integrantes de la familia y las inversiones y desinversiones inmobiliarias. Números que en ningún caso se ajustan a la renta neta de los cuatro miembros de la familia.

Sobre las cuatro cuentas luxemburguesas, el informe de la AEAT dice algo más. Aparentemente, la intención de los Diez-Del Río era que estos depósitos permanecieran ocultos para el erario español porque aunque la tenencia de bienes en el extranjero no es ilegal, obliga a los titulares a declararlos ante Hacienda. Sin embargo, ningún miembro de la familia presentó esta información (el Modelo 720) ante la Agencia Tributaria.

Aunque Luxemburgo no es considerado por la UE ni por España como un paraíso fiscal, sí es cierto que el país utiliza unos métodos más laxos de control bancario que la mayoría de socios europeos. Y no lo dice de forma explícita el informe, pero resulta evidente de un solo vistazo que las cuentas tienen numeración consecutiva, lo que implica que se abrieron a la vez. La primera, la Del Río, termina en 3. Las siguientes acaban en 5 (Cecilia), 6 (Miguel Ángel) y 7 (Sofía), por lo que hay una -la terminada en 4- que empezó a operar el mismo día y no es de ninguno de ellos. Esto haría sospechar que existe en un quinto participante que, por ahora, permanece en el anonimato.

Hacienda habla de otra cuenta, esta vez declarada, de Banco Santander en una sucursal de León que se abrió en 2013 y se cerró en 2021. Los técnicos desconocen qué ocurrió con el dinero que contenía, pero sí confirman que disponía de una caja de seguridad asociada.