Hacienda implica a Novo Banco y advierte de un posible delito de blanqueo de capitales

La investigación de la presunta estafa a un grupo de clientes de la antigua oficina de Novo Banco en Santander lleva un largo recorrido -ha pasado un año y nueve meses desde que llegó al juzgado- y es ya un macroproceso judicial. Jacobo Vidal, sobre el que pivota el caso, fue el primer imputado. El exempleado que tenía su despacho en la primera planta y que gestionaba una importante cartera de clientes ofreciendo inversiones. Pero, a día de hoy y con los retrasos a los que ha obligado la pandemia, ya han sido citados a declarar también como investigados otros cuatro exempleados de la oficina (ellos ya ofrecieron su versión de los hechos en estos últimos meses) y el propio Novo Banco. En este serial, el último episodio es que se ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza que trata de aclarar la responsabilidad civil de Vidal. El encargo que se hizo a la Agencia Tributaria a través de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera.

En una parte de esos documentos se recoge, para contextualizar, como el propio Vidal en su declaración aseguró que la entidad no era ajena a la existencia de irregularidades en la oficina. Básicamente, que primaba la cantidad de dinero que les hacía ganar y que, en ese escenario, se miraba para otro lado -la entidad lo ha negado en todo momento en declaraciones a este periódico y circunscribe el asunto y cualquier responsabilidad a lo que se hacía en su antigua oficina de Santander-.

Pero ahora la que señala directamente a la entidad es la Agencia Tributaria. Dice que no se dio ningún aviso al Sepblac (el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de España y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales). Nada sobre movimientos sospechosos. Y, teniendo eso en cuenta, deduce que los controles internos a los que está obligado por ley -del mismo modo que las evaluaciones de riesgos- o no se han hecho como debían hacerse o que las anomalías fueron obviadas.

Esa falta de rigor en su actuación -así se define- es la que le lleva a la Agencia Tributaria a advertir al juzgado que el asunto podría derivar en la posible comisión de un delito de blanqueo a título de imprudencia. En este sentido, y fue una de las principales novedades del caso hace meses, un representante de Novo Banco ya ha sido citado a declarar en calidad de investigado en los primeros días del mes de noviembre. En las mismas fechas se ha fijado también una nueva comparecencia para declarar de Jacobo Vidal, lo que supondrá volver a acudir un año después de la primera citación.

¿Y qué dice la entidad llegado a este punto? A preguntas de El Diario, Novo Banco respondió ayer para dar a conocer su posición. ¿Cuál es su postura respecto a este informe y al posible delito de blanqueo que señala la Agencia Tributaria? «A diferencia de lo que puedan hacer otras partes, Novo Banco va a cumplir con su obligación de reserva del contenido de las actuaciones judiciales. Teniendo en cuenta dicha obligación, sólo podemos añadir que Novo Banco considera que no existen indicios de que haya cometido ningún delito, ni por comisión, ni por omisión», aseguran.

Y añaden algo más. «En cualquier caso -recalcan-, el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, por lo que no se ha enjuiciado el fondo del asunto». En este sentido, insisten en que «la decisión sobre el fondo del asunto está reservada a los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento, lo que implica que las apreciaciones que se realicen en el momento actual deben hacerse con todas las cautelas posibles». Es decir, que es la jueza la que debe determinar si hay o no delitos.

Más allá del reparto de responsabilidades, de llegar al fondo de la cuestión sobre el cómo se hizo -cómo es posible que clientes a los que se decía que tenían en torno a 500.000 euros, por ejemplo, se les anunciara finalmente que apenas tenían 30.000-, lo que buscan las víctimas es la reparación económica. Recuperar su dinero, porque algunos se han quedado prácticamente sin nada. Las negociaciones con Novo Banco -en los supuestos que han existido, que ha habido ofertas concretas- han terminado, además, en acuerdo en muy pocos casos, como ya relató El Diario.

Ahí es clave saber a cuánto asciende realmente el agujero. Cuánto dinero es objeto de la presunta estafa (Novo Banco «no considera que exista estafa alguna»). De la documentación que presentó Vidal en febrero de 2020 se señaló inicialmente que la cantidad podría rondar los cincuenta millones de euros. El banco, por su parte, siempre ha defendido que el montante real de las actuaciones está muy lejos de eso. De hecho, en el informe 'forensic' que presentó al Juzgado concluía que la cifra total estaba muy por debajo. «Muestra que la cifra de perjuicios globales aparentemente derivados de la actuación del principal investigado es muy inferior a la que se ha hecho pública», aseguraron en su momento respecto al documento que presentaron. Pero los afectados, partiendo de los mismos datos genéricos, llegan a conclusiones muy distintas.

El siguiente paso en los juzgados es la presentación de informes periciales individuales de los afectados (algo que ya se está haciendo) para conocer el alcance real de lo perdido.

Hasta ahora, básicamente, Novo Banco ha defendido que su papel es el de víctima de lo que hacía Vidal (de lo que se hacía en la oficina de Santander), y el exempleado asegura que el banco sí que sabía lo que se estaba haciendo, pero que prefería lucrarse que pararlo. En ese sentido, la posición en el proceso judicial que juegue la entidad, que es responsable civil subsidiario y tendrá que pagar si se confirma que hubo irregularidades, es clave. Por eso lo que dice la Agencia Tributaria es una novedad decisiva. Si la jueza estima que existe una responsabilidad penal, el dinero que tendría que poner se multiplicaría, según fuentes jurídicas consultadas, por entre tres y cinco. O sea, que si tapar el agujero saldría por -pongamos- veinte millones, una multa añadida por responsabilidades penales le obligaría a gastarse entre sesenta y cien. «Novo Banco -han indicado siempre desde la entidad- seguirá colaborando con el Juzgado y, como ha hecho hasta ahora, continuará poniendo a su disposición toda la documentación relevante que permita esclarecer los hechos».