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Los hermanos de Rafael Larios, que se enfrenta a 23 años de cárcel por el asesinato de su madre de 79 años, Pilar Moreu –una enfermera jubilada que estaba entregada a diversas causas–, intentaron arrojar este martes algo de luz en la segunda sesión del ... juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con jurado popular.
El hermano, que ejerce la acusación particular en este caso, «tenía el presentimiento de que (Rafael) podía matar a mi madre» e incluso creía que «podía matarme a mí también» por la «tensa» relación que mantenían desde hace años. «Todo eran problemas y discusiones por el dinero, por las tareas de la casa, porque no trabajaba y pedía dinero a mi madre... Todo lo hacía conscientemente porque no quería hacer nada y que los demás estuviésemos de sirvientes». Fruto de esas disputas, «había amenazas». «Me decía que me iba a pegar e incluso que me iba a matar». A su madre, dice que el acusado no le decía esas cosas pero también discutían. Uno de los episodios que pueden dar fe de ese mal clima familiar tuvo lugar hace tres años, cuando él y su madre estaban encerrados en el baño mientras Rafael «nos amenazaba con una navaja desde fuera porque quería 600 euros».
Dos días antes del crimen, cuenta que vio «raro» a su hermano Rafael y que le mandó un mensaje a su madre para que tuviese cuidado, «pero al día siguiente estaba mejor». «Si sale mañana de la cárcel puede venir a por mí», advirtió.
Su hermana también cree que puede estar en peligro en caso de que Rafael quede en libertad, por eso, antes de prestar declaración este martes, solicitó a instancias de la fiscal Carolina Santos, una medida de protección frente al acusado, a pesar de vivir fuera de Cantabria. «Rafael tiene tendencia a la mentira compulsiva, tiene un problema mental importante e infradiagnosticado, pero no sé hasta que punto sabía lo que hacía».
La hermana de Rafael no recuerda ver «muy estable» al encausado a lo largo de su vida. «Era obvio y manifiesto que tenía un problema psiquiátrico muy importante. Y no se le ha dado el apoyo suficiente. De hecho, se le tenía que haber ingresado en un centro. Y más después de intentar suicidarse». Sin embargo, cree el problema con el que se encontraron tanto ella como su otro hermano, con el que convivía el acusado y la fallecida, era que esta última «negaba la enfermedad de su hijo». Nos obstante, no fue hasta hace unos años, tras perder un trabajo en Correos en Madrid, cuando al procesado le diagnosticaron un «trastorno bipolar». A partir de ese momento, su hermana intentó estar con él y «que estuviera en la realidad real, no en la suya, porque se inventaba muchas cosas, no siempre se le podía creer y adornaba la verdad». «Además siempre nos culpaba a mí, a mi hermano y a mi madre de sus desgracias. Tenía una fijación hacia nosotros».
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Para que el acusado tenga una «mejor defensa», su hermana ha sido quien ha sufragado el coste del informe encargado a Jesús Artal, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla, «Aunque me ha costado mucho tomar esta decisión quería que tuviese una segunda opinión, además de la de las forenses, porque el tema de las enfermedades mentales es muy complejo».
La sesión de este martes ha concluido con las testificales de los policías nacionales que acudieron al lugar de los hechos tras ser alertados por varios vecinos. Cuando llegaron al domicilio del acusado y la víctimas se encontraron a Rafael «consciente pero sin que estuviera en su sano juicio». «Decía cosas incoherentes, como si no supiese qué había pasado. Parecía estar en otro mundo. Estaba bastante ido», ha relatado uno de los agentes. «Escupió al suelo y decía: ¿Me he comido a mi madre?», ha afirmado un policía.
Antes de que comenzaran las testifícales previstas para la jornada de este martes, la fiscal Carolina Santos trasladó al presidente del tribunal, Ernesto Sagüillo, una petición de la familia del acusado, en concreto, de la hermana para que el juicio se celebrara a puerta cerrada sin la presencia de los medios comunicación. En caso de no ser estimada su propuesta, solicitaba que su imagen (declaró a través de videoconferencia) no fuese grabada por lo medios gráficos. «Prevalece el derecho a la intimidad sobre el derecho a la información», aseguró la hermana de Rafael. A lo que el presidente del tribunal le respondió que el juicio es un «acto público» y «no hay ningún motivo para que se celebre a puerta cerrada», pero sí acordó que no se grabara la imagen de la mujer.
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