Hostelería celebra las multas a los pisos turísticos pero exige «ya» el nuevo decreto

«Dejan claro el interés que tiene este gobierno en poner fin al problema de las viviendas de uso turístico que funcionan fuera de la ley», argumentó el consejero con el anuncio de estas medidas. Eduardo Lamadrid, presidente de la Asociación de Hostelería, pone el foco en la necesidad de definir claramente qué constituye una vivienda de uso turístico legal o ilegal. En aclarar los detalles. «Estas medidas son importantes. Una de las demandas que más hemos hecho a la Consejería ha sido aumentar el número de inspectores, pero ahora dependemos del decreto para aclarar los requisitos legales». Lamadrid insta así al Gobierno a acelerar la publicación de la norma, subrayando su impacto no solo en el turismo sino también «en el mercado inmobiliario», con el problema de la escasa oferta de pisos de alquiler como fondo.

Noticia relacionada

El Gobierno regional duplica la multa a los pisos turísticos ilegales, que podrá alcanzar los 75.000 euros

Daniel Martínez

También reclama «urgencia» Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural, uno de los más combativos en este asunto. «Tiene que haber cuanto antes un borrador que contemple las viviendas turísticas como parte de la oferta reglada, con autorizaciones municipales que permitan cerrar el problema definitivamente». Insta a agilizar ese decreto, pero celebra las medidas adoptadas y destaca su carácter disuasorio: «Estamos realmente satisfechos. Las multas de hasta 75.000 euros y la incorporación de cinco o seis inspectores son decisiones valientes». Y en la misma línea se posiciona Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Campings, que también aplaude las dos nuevas medidas. Eso sí, sólo como primer paso: «Faltan más medidas, pero el control de los establecimientos no reglados es prioritario». Para Valle, la celeridad en la aprobación del decreto es fundamental: «Cuanto antes esté todo regulado, mejor».

Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria, añade otros matices en su análisis. Muestra una postura crítica, pero constructiva respecto a las medidas anunciadas por el consejero. Aunque valora positivamente el incremento de inspectores (ha sido una de las demandas de su colectivo), insiste en que «la clave no es solo sancionar, sino contar con los recursos para aplicar realmente esas sanciones». Que no sean papel mojado.

Paino también insiste en que el decreto debe elaborarse con rigor jurídico y se centra, sobre todo, en la necesidad de «evitar retroactividades que afecten a quienes ya operan legalmente». O sea, que quienes ya tienen legalmente una vivienda registrada como alojamiento vacacional no se vean afectados. Y deja claro que el borrador «se tendrá que hacer desde cero porque el anterior estaba lleno de ilegalidades e imprecisiones». En este sentido, él prefiere no hablar de urgencia ni de plazos –la nueva previsión es que esté aprobado en junio de 2025–. Paino aboga por «hacer las cosas bien, lleve el tiempo que lleve».