Hostelería y Turismo Rural, contra la modificación prevista del decreto

La primera modificación prevista busca fijar «con claridad el número de plazas del alojamiento». La segunda, contemplar un posible cambio de titularidad en la vivienda y «evitar con ello tramitaciones adicionales en el Registro de Empresas Turísticas». Lo más delicado viene con la tercera. La que «pretende actualizar la relación de requisitos del contenido de la declaración responsable», «excluyendo la obligatoriedad de justificar los estatutos o acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios, en el caso de viviendas turísticas ubicadas en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, respecto a prohibiciones o restricciones del uso de estos inmuebles».

¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que, salvo que los estatutos ya existentes de una comunidad de propietarios tengan expresamente prohibido el uso de las viviendas para estos fines, la declaración responsable no necesita justificar el visto bueno de la comunidad para ejercer la actividad. «Nosotros no podemos entrar a cuestiones de carácter privado, interno. Si se nos presenta una declaración que cumple con los requisitos debemos darle curso, sin perjuicio de que haya cuestiones que deban ser resueltas en el orden jurisdiccional civil», explica Marta Barca como justificación al paso para corregir la norma, «porque este asunto está causando problemas». Entre otras cosas, porque ha servido para paralizar muchas autorizaciones. «Prohibir, en el orden civil, según la ley de propiedad horizontal, es un acto nulo de pleno derecho. Pueden limitar o condicionar mediante procedimientos como la cuantía de pago de comunidad o los límites de horario de entrada o salida». Pero no prohibir. Y el trámite administrativo, explican, no puede pararse ni invadir otros terrenos.

Respecto a los dos primeros puntos, Hostelería indica, resumiendo, que no hace falta cambiar nada. Que no aportan. Y respecto al tercero, que «la situación que origina esta propuesta de modificación, va en perjuicio claro del sector hotelero profesional y de las comunidades de propietarios». «Las leyes tienen la finalidad constitucional de contribuir al interés general y con esta propuesta ese interés general del sector de alojamientos profesional y el interés general de los propietarios de las viviendas, queda afectado por la liberación absoluta de la explotación de viviendas en régimen turístico incluso en contra de los copropietarios del inmueble donde se llevan a cabo».

Mientras, desde Turismo Rural, además de oponerse a la «mayor laxitud» en cuanto al asunto de las comunidades de propietarios, muestran su malestar por lo que, en general, «supone un paso más a la hora de considerar empresas turísticas a un fenómeno de economía colaborativa que dista diametralmente de nuestros modelos de negocios, como sí son las empresas de Turismo Rural». Dicen que «en ningún caso se debe considerar los pisos que permiten usos turístico como empresas» y que, en la práctica, se mezcla a verdaderas empresas con «especuladores urbanísticos cuyo negocio está en equipararse a aquellos alojamientos a los que se exigió y se sigue exigiendo normativa y medidas».

Ahora toca que se recopilen y se estudien todas las alegaciones y ver en qué quedan. Es la tarea de las próximas semanas.