La huelga de jueces y fiscales ha obligado a suspender ochenta actuaciones en Cantabria

Se trata de una huelga inédita, ya que es la primera impulsada por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, que llega tras toda una serie de protestas, con paros de una hora y concentraciones, que se han desarrollado en toda España desde el pasado mes de abril, dado que la negociación con el Ministerio de Justicia no ha dado fruto.

Hoy, en una concentración de protesta en el patio de la sede judicial de Las Salesas, jueces y fiscales de Cantabria han estado arropados por miembros de las juntas directivas de los colegios de abogados y procuradores, encabezados por sus decanos, Andrés de Diego y Ana María Álvarez Murías.

El juez decano de Santander, Jaime Anta, considera que «casi con toda certeza va a ser la huelga judicial con más seguimiento de la historia en Cantabria», ha subrayado.

Anta se ha quejado de que «no existe ninguna voluntad política» por mejorar el funcionamiento de la Justicia, «que sigue siendo la hermana pobre de las administraciones públicas», y a la que «en ningún caso se le considera al mismo nivel que los otros dos Poderes del Estado».

«De hecho hasta hoy, en pleno siglo XXI, no se han realizado en Justicia las inversiones que se llevaron a cabo hace ya muchos años para la modernización de otros sectores de la Administración», ha lamentado.

Amaya Merchán, la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha recalcado la «profunda preocupación» porque durante años las reivindicaciones de los jueces y fiscales no se han atendido por ninguno de los gobiernos que se han sucedido.

La portavoz de la APM ha insistido en reclamar más medios para la Justicia, para que esta Administración sea más ágil y eficaz, y mejores condiciones para jueces y fiscales.

También ha abogado por la derogación del sistema de plazos máximos instrucción mientras no se dote de los medios necesarios y ha pedido un refuerzo de la autonomía y más presupuesto para el Ministerio Fiscal.

Esta portavoz judicial ha subrayado que todas estas reivindicaciones afectan a la prestación de un servicio clave para los ciudadanos.

Las asociaciones de jueces y fiscales reclaman un aumento de plazas de al menos un 50%. Según sus datos, la media de la UE es de 21 jueces y magistrados por cada mil habitantes y España se queda en once. En Cantabria se necesita también un 50% más de los 80 jueces que hay ahora, de acuerdo con las estimaciones de las asociaciones de jueces.

En cuanto a los fiscales, en la región hay 28, una cifra que debería también incrementarse, según los representantes de la Asociación Fiscal y de la Unión Progresista de Fiscales, Maite González y Jesús Arteaga.

Arteaga ha advertido de que esas cifras se barajan aún sin contar con que la instrucción de las causas pueda pasar a los fiscales, una situación de la que se viene hablando desde hace tiempo.

El juez decano y las portavoces de las asociaciones judiciales y fiscales han asegurado que la Administración de Justicia no ha mejorado y que las reuniones con el Gobierno no han servido para avanzar.«No se ha avanzado nada desde hace más de diez años», ha manifestado Esther Castanedo, de Jueces para la Democracia.

Según ha recalcado, no se ha aprobado en el Parlamento el Pacto por la Justicia, no se han creado plazas ni de jueces ni de fiscales, no se ha avanzado en medios ni en digitalización, y no hay un sistema objetivo de nombramientos ni se racionalizan las cargas de trabajo en los juzgados.

«Es tan importante el mensaje como el mensajero, y si nos sentamos a negociar y no hay delante alguien con capacidad de decisión no conseguimos nada, y de momento es lo que ha pasado», ha abundado Maite González, de la Asociación Fiscal.

Raquel García, de la Asociación Francisco de Vitoria, ha insistido en que si los jueces, magistrados y fiscales están protestando es porque se ha producido «un fracaso» y las negociaciones no han prosperado.

«La Justicia en España será en definitiva lo eficaz que quiera el gobierno de turno», ha agregado el juez decano, que además ha defendido la movilización de jueces y fiscales como una medida necesaria y «responsable» en la situación actual.