La Iglesia devuelve 19 bienes cántabros de la lista de inmatriculaciones que no son suyos

A lo largo del último año, la Iglesia Católica se ha dedicado a comparar esa lista elaborada por el Estado mediante datos de los Registros de la Propiedad con los datos propios que les remitían sus diócesis. Así, reconocen 32.401 inscripciones, casi 2.500 menos que las del listado oficial, y en la región admiten 1.923 de las 2.058 reflejadas. La diferencia en la cifra se la atribuyen a errores de distinta índole. Algunos casos se explican por inmuebles que aparecen duplicados, otros por inmatriculaciones que se hicieron antes de 1998, otras son incorporaciones de patrimonio mediante compra, donación o permuta... Y luego está casi un millar de bienes que sí figuran a su nombre según los datos del Ministerio, pero que la Iglesia, al menos, tiene dudas de que sean suyos. De este último grupo, 19 corresponden a Cantabria y, como ocurre con los restantes a nivel nacional, los obispos están dispuestos a devolver.

En el caso de la comunidad autónoma, se trata de tres ermitas -en Valoria (Udías), Beranga y Cereceda (Rasines)-, un apartamento, una huerta y catorce fincas, la mayoría de ellas de naturaleza rústica. Por categorías, nueve son «bienes sobre los que faltan datos para su identificación -se trata de registros que, por falta de información, resultan desconocidos para las diócesis-, tres son bienes sobre los que el Obispado no tiene constancia de que se iniciara el procedimiento para la inmatriculación, dos son «errores por distintas casuísticas» y los últimos cinco corresponden a inmuebles que, aunque efectivamente pudieron ser inmatriculados en esas casi dos décadas analizas, ahora tienen otro dueño porque fueron vendidos, donados o expropiados.

Con este escenario, ¿qué pasa ahora con estos 19 inmuebles de los que la Iglesia se desentiende? «La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos», apuntó el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, tras un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se trató este asunto. Según señalaron ambas partes, el análisis realizado por la Iglesia de todo el listado de las casi 35.000 inmatriculaciones «ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo». De ese millar salen los 19 expedientes correspondientes a Cantabria.

La Iglesia no tiene intención de desprenderse del resto, pero tampoco se cierra a una futura revisión. Desde el Obispado de Santander apuntaban el pasado febrero que, en caso de dudas, cualquier particular puede empezar a hacer los trámites establecidos para determinar a quién pertenece. «La Diócesis no quiere ser propietaria de lo que no es suyo. Todo aquel que tenga un título de propiedad que crea que es superior a los nuestros tiene todo el derecho, iba a decir obligación, de tramitarlo, y que se estudie de nuevo la documentación a ver si efectivamente es suyo y si lo es, nosotros nos desprendemos de ello porque no queremos tener nada que no sea nuestro», afirmó entonces el obispo, Manuel Sánchez Monge.