«Da igual que elija un piso nuevo o dinero, salgo perdiendo»

Encarnación, que tiene ahora 60 años, quiere ser todo lo «positiva» que se puede ser después de haber tenido que soportar durante 27 años un vía crucis que aún no ha terminado. «Vivo en Santander y cuando compré este piso en Isla lo hice para desconectar los fines de semana. Para andar y disfrutar de la playa. Mi hija apenas había nacido cuando compramos la vivienda», recuerda con nostalgia.

Ahora tiene que elegir entre coger los 85.000 euros en los que ha valorado un tasador su vivienda y trastero, o bien entrar en el sorteo de una vivienda de 68 o 51 metros cuadrados con terraza (ella lo califica como balcón).

«Con ese dinero no compro nada, ya lo he estado mirando. ¿Me va a tocar lo que no quiero? Cojo la casa para no perder patrimonio. Pero con esto no ganamos», afirma.

Francisco Aragón es otro de los afectados de Arnuero que tiene en mente optar por una de las viviendas de sustitución, «pero dependiendo de dónde me toque». Y es que en su caso él vive en un dúplex de 65 metros cuadrados y teme que si entra en el sorteo pueda salir perdiendo. «En el proyecto aparecen 13 dúplex y en nuestra urbanización hay 33. El consejero Gochicoa nos dijo que iba a haber dúplex para todos. Esto habrá que negociarlo».

Ante estas dudas, los vecinos -que tienen un mes para comunicar al Gobierno regional si optan por el dinero o la nueva vivienda- han acordado realizar una encuesta para que cada uno adelante la opción por la que se decanta.

Jose Manuel Olaiz, otro de los afectados, coincide en que sobre el papel se necesitan más dúplex. De ahí que se haya promovido esta encuesta con el fin de saber cuántas viviendas de este tipo se demandan. Tras reconocer que con el cambio «perdemos el mayor valor de nuestras viviendas, que es la ubicación», este vecino aboga por buscar la «solución más satisfactoria para todos». De ahí que plantee llegar a un acuerdo entre los afectados para no tener que entrar en un sorteo donde les puede tocar una vivienda que no sea de su agrado. «Habrá vecinos que quieran mantener la relación por bloques que tenemos en la actualidad».

En el caso de los afectados por los derribos de Cerrias de Liencres (Piélagos), el Gobierno regional sólo les da una solución, que es indemnizarles. No les ofrecen vivienda de sustitución. Algo que el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, critica duramente. «No hay absolutamente nada porque el Gobierno no ha tomado ninguna solución por ese camino. Tanto en Argoños como en Piélagos, el Ejecutivo cántabro no ha dado un solo paso ni ha intentado una sola vez buscar esas viviendas de sustitución. ¿Alguien puede solucionar el problema sin buscar las viviendas, si no va a los ayuntamientos y trabaja con ellos para buscar? Pues no».

María Ángeles Santiago, afectada de Cerrias, va más allá. «En Liencres hay terrenos para poder construir viviendas de sustitución para nosotros», afirma, para acto seguido pedir que se apruebe el nuevo plan general y no se derriben las viviendas «por interés general». «¿Dónde están mis derechos? Los responsables de esto se van de rositas y ahora pagamos nosotros», lamenta.