Las imprudencias «hay que pagarlas»

Habida cuenta de que Interior ha pedido un informe técnico a los Servicios de Emergencia para determinar si el percance fue fruto de un accidente o, por contra, de «dolo o negligencia» por parte de la joven, todos los portavoces parlamentarios se han pronunciado al respecto. Y su posición es meridiana: están a favor de la aplicación de la norma y, por tanto, de cobrar la tasa -el precio del auxilio- a todos aquellos que saltando al agua desde un sitio peligroso, visitando una cueva demasiado compleja para su experiencia o subiendo al monte por la ruta más peligrosa, requieran el auxilio de los profesionales del 112. Las imprudencias, coinciden, «hay que pagarlas».

El primero en coincidir fue el propio grupo regionalista, encabezado por su portavoz Pedro Hernando, quien apoyó al Ejecutivo en la aplicación de la tasa. «Ha sido la decisión correcta. Los espacios de Cantabria son para disfrutarlos de una manera responsable. Los recursos públicos son los que se destinan en estos rescates y, si se invierten aquí, se dejan de gastar en otras necesidades». Íñigo Fernández (PP) recordó que Asturias o País Vasco ya han puesto en práctica estas tasas pero, sobre todo, que el Gobierno PRC-PSOE tiene que «trabajar bien» porque (Fernández) lleva «años» escuchándoles hablar sobre ello. Y resumía: «Nos parece que la idea es buena, pero tienen que plantearlo en serio. No puede ser que hablemos de ello sólo al día siguiente de cada rescate», denunció el popular.

Noelia Cobo (PSOE) respaldó el movimiento de Presidencia con esta comparación:«En aquellas zonas donde exista una prohibición expresa es coherente sancionar a quien la vulnere, del mismo modo que se multa a quien aparca en un lugar prohibido». Dicho eso, la socialista recomendó al Ejecutivo no tomar decisiones «en función de un caso concreto» porque, a su juicio, el problema debe abordarse señalizando debidamente las zonas peligrosas para que, a partir de ahí, «las personas que realicen actividades de riesgo lo hagan bajo su responsabilidad».

Más opiniones a favor de cobrar la tasa a los irresponsables. El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento regional, Félix Álvarez, opinó que «aquellos que cometan una imprudencia deben abonar los costes derivados del rescate». Eso no exime a la Administración, declaró, de la parte que le compete en la gestión de este problema: «Deben señalizar e informar debidamente sobre la prohibición de realizar algunas acciones y las consecuencias derivadas de saltarse la legalidad». Según el portavoz naranja, así se evitaría «el agravio comparativo que supone que los deportistas federados paguen un seguro que incluye los servicios de rescate en caso de accidente frente a aquellos que, imprudentemente, lo hacen sin estar preparados».

También se pronunció en esta misma dirección el diputado por Vox en la cámara regional, Cristóbal Palacio. «Siempre que el socorro se deba a una negligencia por parte del rescatado hay que cobrar el salvamento», declaró antes de tildar de «negligencia» la conducta que el Gobierno tenía hasta ahora: «La pregunta es cómo no lo estaban cobrando ya. Le estaban regalando dinero a las compañías de seguros».

El portavoz declaró además que «no se trata de pedir un informe al personal de Emergencias, sino de cobrar el auxilio salvo en unos criterios de excepción, como un servicio más». A su juicio, el expediente se tiene que iniciar de oficio, «como cuando hay una denuncia cualquiera» y, «si el administrado presenta una alegación porque fue un accidente, entonces que sean los Servicios de Emergencia los que discutan si tiene razón o no». Por último, zanjó la cuestión avanzando que, «si el rescatado no está conforme con el criterio final, se tendrá que ir a juicio, como en cualquier otro proceso administrativo de cobro».

El arco parlamentario no fue el único en pronunciarse. El presidente de la Federación Cántabra de Montaña y Escalada (Fcdme), Javier Tezanos, recibió de buen grado la noticia. «Nos parece muy bien que el Ejecutivo pida el dinero de los rescates que sean consecuencia de una irresponsabilidad», coincidió, antes de revelar la frecuencia con la que ocurren estas irresponsabilidades: «Gente que va en zapatillas en Picos de Europa, otros que se cansan y ya quieren llamar al 112... Las imprudencias hay que pagarlas porque el dinero público no está para eso».

Finalmente, opinó sobre la medida el director gerente de la empresa de senderismo Buciero Natura, José Alonso. «Es positiva sí, pero está claro que va a crear polémica. Todo lo que antes era gratis ahora se cobrará», apuntó el responsable, que resaltó su carácter «disuasorio».