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Hace días han coincidido temporalmente dos noticias. La primera se refiere a que las pernoctaciones en los hoteles de nuestra región aumentaron un 5,3% en junio (estancia media de 2,18 días y tarifa diaria de 65,1 euros) en comparación con 2016 ... según datos del INE, siendo mayoritariamente españoles procedentes de Madrid (21,4%), Castilla y León (14,1%) y País Vasco (10,8%). La segunda noticia alude a que se ha publicado el informe del Comité de expertos para reformar la financiación de las entidades locales en la web del Ministerio de Hacienda. En ese documento de 224 páginas, entre otras propuestas, se plantea que para reforzar la financiación de los Ayuntamientos podría crearse a su voluntad un impuesto turístico que gravase tanto las pernoctaciones hoteleras como todas las modalidades de estancias turísticas siendo su base imponible el número de estancias. Y ello se plantea en base a dos argumentos como son el hecho de que, por un lado, la estancia en hoteles o establecimientos de alojamiento similares es una señal de capacidad económica y, por otro, el argumento del principio de beneficio fiscal: los turistas han contribuir, aunque sea testimonialmente, a financiar servicios públicos locales (seguridad ciudadana, limpieza viaria, transporte público, etc.) que consumen mientras están entre nosotros además del mayor impacto que el turismo causa en el medioambiente.
Esta propuesta ni es nueva ni extraña si la miramos desde la perspectiva de otros países como Estados Unidos (Nueva York, Chicago, etc.), Japón, Marruecos, Malasia, Francia, Italia (Roma, Florencia, Milan y Venecia), Alemania (Berlín), Holanda (Amsterdam), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas), Portugal (Lisboa), Malta, Suiza y países del Este de Europa (Budapest, Praga, etc.). Incluso en España existen dos tributos autonómicos: el impuesto catalán sobre estancias en establecimientos turísticos de 2012 y el balear de 2016. Y es que la idea es que el impuesto fuese local pues aunque el turismo incremente también los costes sanitarios de las regiones de destino ya hay herramientas financiero-legales para que sean compensados.
La pregunta está en el aire: ¿son realmente efectivos este tipo de tributos? Quizás la respuesta sea distinta si estuviésemos en otra región pues en algunas localidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Valencia ya están hablando de analizar su conveniencia a la vuelta de vacaciones en base a este argumento: que los fondos fuesen recaudados directamente por el municipio y fuesen finalistas a fin de ser destinados para mejorar las infraestructuras y espacios públicos de dichas zonas turísticas.
Pero, ¿son convenientes estos tributos turísticos? Si nos fijásemos sólo en los números es cierto que son un recurso fiscal ampliamente utilizado y de fácil gestión y recaudación, que mejora la financiación local y redistribuye sobre los turistas el mayor coste de la prestación de servicios municipales de los que se benefician. ¿Cuál sería su impacto? Es complejo pero haciendo números, poniendo como ejemplo a Santander y según diferentes escenarios, tomando datos de 2016, la recaudación no superaría el millón de euros si por pernoctación se gravase al visitante con un euro. Siendo cierto que de modo idéntico podríamos replicar esos cálculos para otros municipios turísticos de la región sigue habiendo varios problemas. Para empezar, dicho tributo turístico puede generar un efecto boomerang y desincentivar la actividad turística local debido a lo que los economistas denominamos la ‘elasticidad de la demanda’. Es decir, quizás la demanda no se vea muy afectada por este tributo si uno viaja a Venecia (demanda casi rígida) pero en destinos como Cantabria probablemente tendría un efecto negativo inicial sobre la entrada de turistas (es decir, la demanda sería elástica y al subir precios bajaría algo el turismo). Además, al ser un impuesto local habría que valorar qué van a hacer en los municipios vecinos dada la más que probable ‘competencia fiscal por comparación’. Y es que, sin duda, a todos nos viene a la cabeza la polémica qué hubo en relación al céntimo sanitario de la cual les he hablado en otras ocasiones.
En todo caso, es conveniente contar con procesos participativos, destinar parte de la recaudación a acciones de promoción o fidelizar a los visitantes, evitar crear la imagen de convertir a los hoteles en «recaudadores» y no perjudicarles frente a establecimientos «no reglados», hacer que estos tributos sean progresivos en función del precio del alojamiento y destinar los ingresos generados a la mejora de infraestructuras turísticas para que los modelo turísticos sean de calidad y no masificados. Por eso, este tema merece una reflexión sosegada y con datos sobre la mesa huyendo de apriorismos.
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