Así «influían» los dos técnicos de Gesvicán investigados en la valoración de las ofertas

«Total técnica= 2.500 euros, dividido en dos partidas=500 y 2.000 euros, Prima 1º en técnica=2.000 euros y Prima adjudicataria=5.000 euros». Se podía leer en uno de esos documentos que estaba encabezado por un título en el que aparece el nombre de uno de los dos técnicos de Gesvicán investigados y se hace referencia a unas licitaciones: las de La Matanza, Castillo-Pedroso y Langre, que fueron ejecutadas por la UTE Rucecan-Senor.

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Abel Verano

A raíz de esas anotaciones, Vigilancia Aduanera y la UDEF realizaron un análisis de las ofertas presentadas en esas obras y que fueron analizadas por los técnicos investigados. Pero antes de profundizar en cada una de ellas es importante explicar que el Gobierno de Cantabria desviaba varias licitaciones a los dos técnicos investigados (son personal laboral) para que evaluasen las ofertas que se presentaban. Su trabajo consistía en poner una puntuación a cada oferta en base a criterios técnicos, no económicos. Después, remitían esa valoración al jefe de servicio de Proyectos y Obras de la Consejería de Obras Públicas, que a su vez realizaba su propia puntuación y la presentaba a la mesa de contratación, quien finalmente adjudicaba la obra. Las valoraciones afectaban a obras de mejora de carreteras o construcción de nuevos viales.

En la primera de esas obras que aparece en las agendas de Rucecan, La Matanza, los investigadores han acreditado que la propuesta de Gesvicán es asumida prácticamente en su totalidad por el jefe de servicio de la Consejería. «En una comparativa entre el informe de Gesvicán y el del jefe de servicio se aprecia que el formato de ambos documentos es el mismo, variando en frases puntuales, pero en la misma línea argumental en cuanto a las valoraciones de los licitadores. Todo ello sin perjuicio de que las puntuaciones no coincidan en términos exactos o haya alguna diferencia en el orden final en el que quedan posicionados los licitadores en función de la puntuación obtenida». Para los encargados de las pesquisas esto demuestra, «una vez más», la capacidad de los técnicos elaboradores de estos informes de análisis de documentación de ofertas para «influir» en la valoración de la fase relativa a criterios evaluables mediante un juicio de valor.

Además, señalan que el modelo de informe utilizado por los técnicos de Gesvicán es el que posteriormente asume el jefe de servicio para emitir el suyo propio, incluyendo incluso el anagrama del Gobierno de Cantabria y el pie de firma del jefe de servicio, con el conforme del director general de Obras Públicas (entonces Manuel del Jesus), «lo que facilita que las modificaciones que el jefe de servicio realice sobre el informe de Gesvicán sean sobre el propio documento ya emitido por la empresa pública dependiente del Gobierno».

En el caso de esta obra, aunque el jefe de servicio no asume de forma literal la propuesta de Gesvicán, «la valoración de los licitadores para ese lote resulta ser prácticamente coincidente en el orden propuesto por Gesvicán, variando únicamente el orden entre el octavo y noveno candidato». En ambos informes la mayor puntuación se la lleva la UTE Rucecan-Senor (el técnico le da 41 puntos y el jefe de servicio 43). Según este último, su puntuación no suele coincidir con la de los técnicos «porque utilizamos métodos de cálculo distintos». Finalmente, la mesa de contratación asumió por completo la valoración del jefe de servicio de Obras en cuanto a los criterios subjetivos.

En la obra de Castillo-Pedroso, el informe elaborado por uno de los técnicos investigados y el del jefe de servicio es «muy similar», aunque cambian algunas empresas. Pero coinciden en dar la mayor puntuación a la UTE Rucecan-Senor (42,5 puntos el primero y 43 el segundo). Lo mismo ocurre en la mejora de trazado de la travesía de Loredo y Langre y en la mejora del acceso de Rozas de Soba, donde los informes de ambas partes vuelven a dar la máxima puntuación a esta sociedad de empresas. «Los técnicos de Gesvicán tienen esa capacidad para, mediante su informe, influir en la decisión del jefe de servicio e incluso otorgar la puntuación que ellos consideran a los licitadores, pudiendo así 'colocarles' en un orden», concluyen los investigadores.