Un informe jurídico del Gobierno regional cuestiona la naturaleza de su propia Escuela de Policía Local, denuncia UGT

El documento está fechado en marzo de este año y ha dado cuenta de su contenido UGT. En él se insiste en que se incumplen las directrices de la Administración central para que cada comunidad autónoma elaborase la normativa legal por la que se regularán las policías locales de sus territorios. Por este motivo, el informe citado insta a modificar más de una veintena de artículos del proyecto normativo, tras observar «irregularidades» en la terminología usada, el registro de datos personales, la «innecesaria» réplica literal de textos normativos de rango superior, la obligatoriedad de medios electrónicos y «la regulación incorrecta de artículos que pueden originar conflictos interpretativos».

Además, los asesores advierten de la «ilegalidad» de algunos artículos y medidas planteadas, como la de incorporar nuevas funciones a los jefes de cuerpo que no estén previstas en la ley o que se sustituya o se delegue su función entre otros miembros de los tribunales de procesos selectivos u oposiciones, siempre según la información difundida por la UGT-Cantabria.

Por otro lado, el documento precisa que Cantabria no tiene competencia para regular aspectos retributivos de los policías locales, por lo que «no pueden establecer niveles mínimos y máximos de complemento de destino»; destaca que el propio proyecto de normas marco se adentra en el régimen disciplinario «y se inmiscuye de manera poco prudente en este asunto»; y también cuestiona el tratamiento legal que se da a la jubilación anticipada o a la segunda actividad de los policías locales.

El análisis realizado también cuestiona la estructura de la Escuela Regional de Policía Local porque como escuela de formación que es «el Centro de Estudios de la Administración Regional (CEARC) no tiene mención alguna con relación a esta escuela, de forma que no delimita legalmente su naturaleza jurídica y organizativa«.

«Parece que estamos en presencia de un intento disfuncional y discordante legalmente de instaurar una organización administrativa en situación in cloud, de forma que ni tiene personalidad jurídica ni tampoco está integrada en otra estructura y se pretende que tenga una autonomía que no es posible legalmente», agrega el informe, tras matizar que «estamos en presencia de un híbrido organizativo que colisiona en todos sus puntos, de forma que su implementación ajustada a derecho resulta imposible si se quiere mantener esa independencia».

UGT puntualiza que los letrados del Gobierno de Cantabria advierten igualmente en su informe que el puesto de director «no puede ser desempeñado por personal eventual de confianza política», que el propio director «no puede presidir la Comisión de Dirección de la Escuela», cuestiona la representación de los jefes del Cuerpo y define claramente que la representatividad de los policías locales se limitará a los dos sindicatos más representativos, «lo que no se hace», recalca el sindicato.

«La Escuela de Policía Local, desde su estructura a su dirección, responde a un capricho y una arbitrariedad de la Administración regional que sus propios abogados rechazan», denuncia la central sindical, que subraya que «si un informe jurídico tan duro como éste no hace recapacitar y dimitir a algunos, no habrá nada que lo consiga».

UGT ha dado a conocer el informe que tiene en su poder el Gobierno regional el mismo día en que la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, promoverá una modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales para poder atender las demandas de este colectivo, ha explicado la consejera Paula Fernández tras la reunión de la Comisión de Coordinación del sector. Fernández quiere que los cambios puedan llegar al Parlamento de Cantabria a lo largo del inicio del próximo año.

Según ha señalado, se ha decidido por unanimidad continuar trabajando en la modificación del reglamento que aprueba las Normas Marco pero, de manera simultánea y en orden a dar cobertura legal a dicha modificación reglamentaria, se iniciará el procedimiento de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabrialo que se hará por medio de un grupo de trabajo convocado al efecto.

Fernández ha explicado que la Consejería está trabajando en las reivindicaciones de ayuntamientos y sindicatos, de cara a completar la modificación de esas Normas Marco y de la Ley de Coordinación en materias como la regulación del jefe de policía local, la composición de los tribunales de oposiciones, el cuadro de exclusiones médicas, la discrecionalidad en el juicio técnico de los tribunales o los requisitos de participación en la promoción interna.

Además, la consejera ha manifestado que se estudiará eliminar el requisito relativo a la altura, las funciones del jefe del Cuerpo de Policía Local, la posibilidad de hacer asociación de municipios para prestar el servicio de manera integral entre colindantes, los procesos selectivos centralizados por parte del Gobierno de Cantabria o el acceso a los cuerpos de Policía Local desde el cuerpo de los agentes de movilidad.

Asimismo, la titular de Presidencia ha adelantado que esta modificación va a traer también cambios de la Ley del Centro de Estudios de la Administración Regional para reconducir la regulación de la Escuela Autonómica de Policía Local, centro básico y fundamental para impartir los cursos de policías locales para que los funcionarios puedan tomar posesión después de realizar las pruebas de acceso.

El coordinador regional de CCOO de Policías Locales, Juan Carlos Díaz Cano, y el secretario general de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria, Félix Quintana, han valorado positivamente los acuerdos adoptados y han deseado que esta modificación de la Ley sea «lo antes posible» para poder dar respuesta a las necesidades y reivindicaciones que el colectivo ha estado manifestando hasta ahora.

Por parte del Ayuntamiento de Santander, el concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, ha reiterado en la necesidad de adaptar la Ley a «la nueva realidad».