El informe sobre los registros del 'caso Obras Públicas' se demorará por su «complejidad»

Esta situación está condicionando la estrategia procesal de las partes, que en función de las conclusiones de ese estudio irá encaminada hacia un lado u otro. En cualquier caso, tendrán que tener paciencia.

Según han informado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, hace unos días el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, encargado de la instrucción, trasladó un oficio a las partes en el que la UDEF y Vigilancia Aduanera apuntaban que el informe sobre toda esa documentación incautada en los diversos registros, mucha de ella extraída de diversos ordenadores, se va a demorar «unos meses» por su «complejidad».

En dicho oficio, los investigadores no se aventuran a dar una fecha concreta para entregar su estudio.

Consciente de esta circunstancia, la magistrada Mercedes Compostizo ya acordó el pasado octubre prorrogar su instrucción durante seis meses -hasta el 3 de abril de 2024- al estar pendiente «el análisis del numeroso material informático intervenido en las entradas y registros efectuadas el pasado 22 de febrero, en domicilios y sedes de las empresas investigadas, del que puede derivar la necesidad de practicar otras diligencias».

Desde que estalló la operación de este caso, las pesquisas se han centrado principalmente en el análisis de toda esa documentación intervenida desde primera hora de la mañana de aquel día y de forma simultánea tanto en la sede de la Consejería, como en las empresas que supuestamente están implicadas en la trama (La Encina y Cannor, API Movilidad y Rucecan) y en los domicilios particulares del funcionario y de alguno de dichos empresarios.

La conclusiones del informe que elaboran la UDEF y Vigilancia Aduanera pueden ampliar la nómina de investigados por esta causa. Del mismo modo, el resultado de ese atestado condicionará la estrategia de la defensa. ¿Intentará el exjefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que, al menos, sus hijas salgan indemnes del caso? ¿Buscará un acuerdo con el fiscal en beneficio de toda la familia? ¿O defenderá su inocencia y la de toda su familia? Todas las opciones están abiertas en estos momentos, aunque, a priori, su actual abogado -el tercero en todo el proceso- tiene bastante claro por donde quiere llevar este caso.

Como se recordará la investigación gira en torno a la supuesta trama que orquestó Diez junto a su mujer, Beatriz del Río, y sus dos hijas (Cecilia y Sofía) para la adjudicación de obras a cambio de mordidas que luego blanqueaba a través de empresas fantasma. Aunque esta actividad delictiva se remonta al 2003, según ha constatado la Agencia Tributaria, la instrucción se centra en los últimos diez años, ya que los supuestos delitos del periodo anterior ya habrían prescrito.

Por los delitos que les imputan, el funcionario se podría enfrentar a penas de 6 y 21 años de cárcel; su mujer, a entre 5 y 15 años; sus hijas, a entre 6 meses y 6 años; y los empresarios, a entre 3 y 12 años.