Inquietud en Santander y Torrelavega por las zonas vetadas a coches contaminantes

En el caso de Cantabria, los municipios obligados a poner en marcha estas zonas son Santander y Torrelavega. Y en ambos se ha instalado un clima de «inquietud» e «incertidumbre» ante el escaso margen de tiempo por delante para tener lista esa área a la que no podrán acceder vehículos que carezcan de etiqueta ambiental (Cero Emisiones, Eco, C o B).

Su preocupación no es única, ya que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó en julio a la ministra para la Transición Ecológica que amplíe el plazo previsto «o no será posible cumplirlo, ya que tiene que haber sintonía entre la norma y su ejecución. Sólo el recorrido administrativo supone un mínimo de cuatro meses».

A la espera de que ese plazo sea susceptible de ampliación, tanto el Ayuntamiento de Santander como el de Torrelavega siguen dando pasos para dar cumplimiento a la normativa. El Consistorio torrelaveguense es el que más ha avanzado hasta el momento y puede llegar a cumplir con el plazo previsto. La semana pasada hizo pública la propuesta (con un coste de 743.309 euros) de zona de baja emisión que se ubicaría en el centro de la ciudad con una extensión de 596.826 metros cuadrados y a la que no podrían acceder uno de cada cuatro coches, en total 8.200. Sin embargo, la limitación no afectaría a los que residan dentro de los límites del área –caso de 13.800 torrelaveguenses– ; o bien cumplan algunas de las excepciones en las que trabajará el Consistorio, desde casos de dependencia, salud, hasta algunas rutinas relacionadas con el comercio (como los transportistas).

«Será un cronograma progresivo», avanzó el concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, confiado en poder «adaptar la ZBE a las necesidades de la ciudadanía» y sin que su implantación trastorne por completo el día a día de sus vecinos y trabajadores.

En el caso de Santander la tramitación va más lenta y todo parece indicar que no tendrá listas esas ZBE para el 1 de enero. Desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando desde hace meses en varios aspectos para favorecer una movilidad cada más sostenible y una «menor dependencia del vehículo privado», para lo que está apostando por «un transporte público de calidad, moderno y eficiente» y un plan de renovación de la flota para reducir la contaminación y mejorar las prestaciones. Además, está «impulsando» los modos de transporte alternativos, como son la bicicleta y los desplazamientos a pie, al tiempo que está «apoyando» al sector del taxi.

En este contexto, la aplicación de zonas de bajas emisiones, tanto en su delimitación física como en su regulación, «tiene que entenderse como una herramienta más para incidir en la mejora de la calidad del aire, pero siendo también conscientes de la importancia de cuantificar dichas mejoras a costa de establecer restricciones que pueden afectar a actividades cotidianas importantes y en las que se ven implicados más actores», según apunta César Díaz, concejal de Movilidad Sostenible en Santander.

El Ayuntamiento ha contratado una asistencia técnica para colaborar con los servicios municipales a la hora de definir todo lo relacionado con las ZBE; tanto desde el punto vista legal y jurídico, como desde la vertiente más práctica de planificación, definición y gestión. Además se ha presentado a dos programas de ayudas europeas para poder financiar las actuaciones que tiene que acometer. «Es decir, nos estamos dotando tanto de la información como de los medios necesarios para poder cumplir con lo establecido en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética en lo relacionado con las ZBE».

Sin embargo, Díaz señala que, a medida que se va profundizando en su desarrollo, «los ayuntamientos nos estamos encontrando con muchas incertidumbres que de momento no se están aclarando por el Gobierno central».

Por un lado, alude al «retraso» en la tramitación de los fondos europeos que precisamente están destinados a la implantación de las zonas de bajas emisiones, y que se han «desfasado enormemente» con respecto a la entrada en vigor para 2023.

Por otro, el edil de Movilidad Sostenible apunta que el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las ZBE que está tramitando el Ministerio «aún está en discusión y sin aprobar». «Es decir, tanto el marco jurídico, como el técnico, y también el económico, no están lo suficientemente definidos, y mucho menos consolidados, como para trasladar una obligación a los ayuntamientos en lo referente a la implantación para el 1 de enero». Díaz avanza que está convocada una próxima reunión de la comisión de movilidad sostenible de la FEMP para el 6 de octubre, en la que con toda seguridad saldrá a relucir esta «preocupación» que tienen todos los ayuntamientos, «independientemente del color político». «A la espera de próximos acontecimientos, desde el Ayuntamiento continuamos trabajando en nuestra hoja de ruta, tratando de recabar la mayor información posible que nos permita planificar y valorar las futuras decisiones, siendo plenamente conscientes de que no se pueden tomar precipitadamente, de que es necesario implicar previamente a los diferentes agentes que pudieran verse afectados y de que no es momento de cometer errores fruto de la improvisación».

El colectivo de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) también tiene varias objeciones respecto a la implantación de las ZBE. Por un lado, critica que no haya una normativa homogénea en todas las ciudades de España. «Cada ayuntamiento ha fijado su propio régimen de acceso y no hay una homologación en cuanto a la normativa», apunta Mario Arnaldo, portavoz de esta asociación, que también cuestiona la señalización que se emplea para informar sobre estas zonas. «Cada municipio lo señaliza de una manera. La señal que se aprobó ni siquiera está en el catálogo de señales oficiales».

Además, Arnaldo hace referencia al «regalito» que hizo el Parlamento hace unos meses al aprobar una sanción de 200 euros a aquellos vehículos que irrumpan en las zonas restringidas sin las credenciales necesarias. «Eso es una barbaridad que lo que busca es recaudar y ayudar a las arcas de los ayuntamientos». Por otro lado, cree que la medida llega en un «momento difícil» porque «muchos cientos de miles de conductores van tener un problema al no tener dinero para cambiar de coche, a pesar de que siguen pasando la ITV».