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Desde que tomó posesión como ministra de Transportes, en julio de 2021, la socialista Raquel Sánchez ha firmado personalmente una sola orden encargando una auditoría interna. Lo hizo de forma digital el 9 de febrero, 17 días después de que saltara la noticia. La ... instrucción manda a la Dirección General de Organización e Inspección que aclare el origen del fiasco ferroviario con los túneles que no cabían por los túneles, un episodio que generó una onda expansiva en forma de escándalo y peticiones de dimisión. Con la normativa en la mano y salvo prórroga adicional, Sánchez debería tener todas las respuestas en mayo a más tardar. La Dirección General ha encargado el trabajo a un funcionario, que ya ha recopilado la información.
Como todos los procesos de este tipo, la finalidad es doble. En primer lugar, concretar qué falló y dónde estuvo el error, pero también poner controles adicionales para que una situación similar no se repita. Adicionalmente, Sánchez también ha reclamado analizar el trabajo previo al contrato y la legalidad y la eficacia de las decisiones. En eso están también las empresas públicas Renfe y Adif, que también han encargado sendas auditorías internas y que desde el principio se han echado la culpa mutuamente.
El origen del error está en que al fabricante, que fue el que alertó del problema durante la fase de diseño y evitó así que se llegaran a fabricar las nuevas máquinas, se le remitieron dimensiones de gálibo propias de túneles nuevos, cuando los de las líneas de Feve son mucho más pequeños. Eso daba como resultado un diseño incapaz de circular en la red existente. En lo que había discrepancias es en si el error partió de Renfe (que hizo el pedido) o Adif (titular de la infraestructura).
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